“Puertas giratorias” (o “revolving door” en terminología anglosajona) hace referencia al movimiento de los profesionales que se mueven dentro de la esfera pública o entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público. Con razón, los casos de puertas giratorias preocupan a la sociedad desde el momento en que pueden dar lugar fácilmente a situaciones de conflictos de interés o de tráfico de influencias.
De algún modo, los supuestos de puertas giratorias rompen el equilibrio entre estos dos platos de la balanza: por un lado, la atracción de talento hacia el sector público y, por otro, la evitación de la corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. Estos días ha recobrado protagonismo este asunto, al habernos planteado muchos de nosotros la cuestión de si es ético pasar de ser ministro a controlar el Banco de España. Por desgracia, no se trata de una pregunta retórica puesto que acaba de ser nombrado gobernador del Banco de España el que fuera ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, habiendo sido, anteriormente, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el primer Ejecutivo de coalición.
Creo que salta a la vista que nombrar gobernador de un organismo independiente al que fuera antes por dos veces ministro del gobierno de Sánchez no parece éticamente correcto, aun teniendo en consideración que ha desempeñado cargos importantes en el Banco de España, en el BCE, en el BBVA y en el Banco Internacional de Pagos.
Cualquiera podría pensar que se trata de un movimiento dirigido a añadir esta institución a la lista de los organismos independientes que controla el Gobierno, persiguiendo, en este caso concreto, acabar con las críticas sobre su política económica, que han resultado incómodas para el Ejecutivo durante el mandato de Pablo Hernández de Cos. ¿Se están pretendiendo colonizar las instituciones? ¿no deberían estas despolitizarse y como contrapartida profesionalizarse?
Hay algo que en ética se llama integridad moral y esto me parece que falta cuando campan a sus anchas los casos de puertas giratorias, lo haga quien lo haga, y sea de la ideología política que sea. ¿No debería estar despolitizado y profesionalizado el nombramiento de altos cargos, en especial, cuando se trata de órganos supuestamente independientes? Lamentablemente, no existe en España nada parecido a una selección formal de altos cargos públicos por organismos neutrales, técnicos y especializados, similar a la que realizan otros países, entre ellos, Portugal.
Precisamente, por ello resulta razonable la iniciativa que ha registrado el PP en el Congreso para instar al Gobierno a que se implanten “políticas y mecanismos” que acaben con “las puertas giratorias” en “organismos independientes” como el Banco de España. De salir adelante esta propuesta, el Congreso pedirá también al Ejecutivo de Sánchez que garantice el acceso a la información y promueva “la participación ciudadana en los asuntos públicos a través del uso de las plataformas digitales”.
Creo que los ciudadanos tenemos derecho a dudar de la independencia de los sujetos que son nombrados para presidir organismos públicos independientes cuando previamente han desempeñado un puesto político relevante y mediático en el gobierno de turno. Derivado de esa justificada preocupación, ha surgido ahora la duda de si, desde su nuevo puesto, Escrivá podría presionar para que el Banco de España se posicionase de una manera u otra en los consejos del Banco Central Europeo, en los que se decide sobre política monetaria o impedir comentarios negativos sobre la economía española para favorecer de algún modo al gobierno. En mi opinión, todas estas especulaciones desaparecerían de haberse nombrado a una persona tan cualificada como lo puede estar Escrivá para el cargo, pero sin claras herencias o ataduras políticas.
Creo que, si España quiere demostrar ante el mundo que avanza en términos democráticos, necesita despojarse de esas sombras que vinculan al Ejecutivo con los nombramientos directos en instituciones públicas puesto que con ello estas quedan lejos de la deseada independencia. Si queremos instituciones fuertes, necesitamos que los sujetos que las presidan no generen dudas sobre su independencia e integridad moral. No puede ocurrir que se compense la salida del poder ejecutivo como ministro con el nombramiento de una presidencia en un organismo público porque ello, como poco, aniquila la apariencia de imparcialidad.
El Ejecutivo no puede ignorar que hay que cumplir con el ODS 16 de la Agenda 2030 –que aboga por la “paz, justicia e instituciones sólidas”–, lo que incluye la implementación de mecanismos que aseguren unas instituciones más transparentes, responsables y eficaces, que eviten la corrupción, las puertas giratorias en organismos independientes y protejan las libertades fundamentales.
No se debería haber perdido de vista tampoco que la naturaleza del cargo político de ministro influye de un modo especial en la percepción de la ciudadanía a la hora de entender que se produce un mayor menoscabo de los principios de independencia e integridad moral si directamente atravesando un “pasillo sin puertas” se copa otro cargo de una institución pública.
También el momento temporal en el que se haya desempeñado el cargo de ministro es importante a la hora de determinar la mayor o menor afectación del comportamiento ético. Con esto último quiero decir que cuando se hayan ocupado cargos relevantes de naturaleza política parece conveniente prever mecanismos de “enfriamiento” (cooling off period) hasta que se ingrese en otro cargo del sector público también relevante. Sobre ello, precisamente, se han hecho eco los informes Greco, al advertir sobre los peligros que encierra la interferencia o colonización de las instituciones públicas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo.
También a tener en cuenta como un factor de riesgo, que determina la necesidad de observancia de un mayor deber de cuidado de la apariencia de independencia, se encuentran la mayor exposición mediática o pública que haya tenido el sujeto durante su desempeño de su cargo político, su participación activa en mítines, actos de partido o medios de comunicación, etc. Parece razonable pensar que los cargos de naturaleza técnica implicarían un menor riesgo de lesión.
En consecuencia, dado que la sociedad reconoce en el nuevo gobernador del Banco de España al ministro que hace nada desempeñaba funciones políticas, su comportamiento deberá extremar las cautelas en aras de evitar la pérdida de confianza de los ciudadanos en la independencia de nuestras instituciones públicas.