El Gobierno y, en este caso, el PSOE deberían cumplir con la transparencia que tanto exigen a los demás. Pero las conversaciones entre Santos Cerdán, el enviado especial a Suiza de Pedro Sánchez para seducir a Carles Puigdmont, son más bien opacas. Y no hay nada más inquietante que las ofertas que haya podido hacer el presidente al prófugo de Waterloo para lograr los 7 escaños de Junts en la votación del techo de gasto, día trascendental para el futuro de los presupuestos generales del Estado. De momento, el prófugo de Waterloo ha vuelto a abofetear al presidente, que se ha visto obligado a aplazar sine die el debate ante el fracaso de las negociaciones helvéticas.
Recientemente, el partido separatista ya tumbó en la Cámara Baja la senda del déficit. Si algún día votara a favor, las contrapartidas prometidas por el PSOE a Junts (secretas, por supuesto) ahondarían aún más en la deriva independentista de Cataluña y, quién sabe, si en el futuro judicial del golpista fugado. No hay que olvidar que la ley de amnistía se encuentra atascada entre el aluvión de recursos que ha recibido el Tribunal Constitucional, mientras el Tribunal Supremo se mantiene alerta ante las artimañas de uno y de otro.
Porque la prepotencia de Pedro Sánchez, que se ha erigido en el dueño y señor de las Instituciones, se está topando con el muro de la Justicia. Su mujer y él siguen en manos del juez Peinado; el fiscal general, se encuentra a punto de ser imputado por el Supremo por revelación de secretos y José Luis Ábalos parece estar dispuesto a tirar de la manta y “enfangar” al Gobierno por las corruptelas de las mascarillas. El horizonte penal y parlamentario de Sánchez resulta incierto. De ahí, el empeño del presidente por sacar adelante los presupuestos, lograr una victoria esencial en el Congreso y respirar, aunque sólo sea momentáneamente.
No lo va a tener fácil. Para empezar, Sánchez no puede cumplir con las supuestas exigencias de Puigdemont, como ser amnistiado inmediatamente y que Cataluña tenga el control de las fronteras en la nueva ley de inmigración. Lo primero, tardará más de un año y lo segundo es claramente inconstitucional, pues el control de fronteras depende del Estado y la transferencia de esta competencia sería inconstitucional. Pero no hay que fiarse. Ya conocemos las artimañas negociadoras de Sánchez, que tira de la chequera de los presupuestos para comprar voluntades y aprieta las tuercas a las instituciones asaltadas, ahora, en especial, al Tribunal Constitucional. El Gobierno, en fin, se juega mucho más que el propio futuro de la legislatura, que ya sabemos que no parece estar en juego. Eso sí, es seguro que las ofertas de Santos Cerdán a Carles Puigdemont son tan ilegales como perversas. Y opacas. Más tarde que pronto se sabrá. Pues si Junts apoya la senda del déficit terminará por contar todo con pelos y señales. Mostrará el botín arrebatado a Sánchez en medio del Hemiciclo. Pero, de momento, ha vuelto a torturar al líder del PSOE prolongando las negociaciones.