Pasado el esperpento de la aprobación de la ley de amnistía –cuya ejecución, en sus efectos políticamente más relevantes, está aún por ver- y la azarosa formación del frágil Gobierno autonómico catalán que preside Illa, cada día se evidencia más y más la realidad del endeble y contradictorio soporte democrático del Gobierno de Sánchez, que explica el reiterado fracaso de sus iniciativas legislativas y presupuestarias, y su refugio autoritario en el Decreto-ley mientras no se lo impide alguno de los que le han aupado.
Las urnas del malhadado 23 de julio de 2023 dieron la victoria a los partidos parlamentarios de la derecha o centro derecha, nacionales (PP, Vox) y autonómicos no separatistas (UPN y CC), con un total de 11.292.066 votos, frente a los 10.774.976 que obtuvieron los partidos parlamentarios nacionales (o coaligados a nivel nacional) de la izquierda. En cambio, entre los partidos nacionalistas más o menos separatistas, la derecha (PNV y Junts) obtuvo 668.416 votos y fue superada por la izquierda (ERC, EH Bildu y BNG) que logró 948.572 votos.
O sea que, computados los partidos nacionales y los autonómicos que no cuestionan la unidad nacional española, la derecha se impuso a la izquierda por 517.090 votos, mientras que, entre las fuerzas con representación en las Cortes Generales que propugnan abierta o larvadamente independencias territoriales periféricas, la izquierda –incluida la procedente de ETA- prevaleció sobre la derecha por 280.156. Y la conjunción final es neta: el electorado español en su conjunto quiso estar representado en el Congreso más por la derecha que por la izquierda, pues el voto por aquella aventajó al favorable a esta en 236.934 votos, que no es una cifra, desde luego, despreciable. Otro poco más de un millón de los votos válidos para el Congreso fue a opciones heterogéneas muy minoritarias que no obtuvieron escaño alguno y no le computamos aquí.
Es bien sabido que Sánchez gobierna, sin embargo, con el apoyo parlamentario de la izquierda, tanto nacional española como separatista –alguna muy radical o ultra-, que es, en realidad, minoría en el Congreso, gracias al apoyo de la derecha nacionalista vasca y catalana, obtenido –especialmente el de esta última- con concesiones que han resquebrajado la sólida estabilidad de nuestro sistema constitucional y se han hecho al margen por completo –e incluso en contra- del sentido con el que el PSOE pidió el voto ciudadano en 2023.
El actual Gobierno es constantemente objeto de pasmosos chantajes por parte de las minorías que lo sustentan –especialmente de alguna de esas de la derecha separatista-, pero menudean cada vez más las ocasiones en que ni con eso puede el Gobierno lograr sacar las más relevantes de sus iniciativas, imprescindibles para ajustar el gobierno a las nuevas circunstancias. Y entonces echan la culpa… ¡a la oposición! El colmo del cinismo y del autoritarismo antidemocrático.
¿Quieren Vds., señores del Gobierno, de verdad, que sean posibles determinados gastos que Vds. querrían hacer y cuya ausencia presentan como gran daño a quienes podrían beneficiarse de ellos? Pues si no lo logran con el apoyo de los que les sostienen en el Gobierno, la solución está en manos del Presidente: convoque nuevas elecciones para ver si salimos de este marasmo.
Se está poniendo de manifiesto, cada vez más claramente, la imposibilidad de este Gobierno de cumplir sus obligaciones constitucionales de gobernar y de hacerlo conforme al orden constitucional establecido. Y eso se traduce, como no podría ser de otra manera, en desgobierno, aunque muchos engranajes institucionales del Estado tengan su propia inercia por más o menos tiempo. La ciudadanía no tiene por qué sufrir las implicaciones y consecuencias del aferramiento al poder del Sr. Sánchez y sus colaboradores, de la forma más que dudosamente democrática en que lo está haciendo. La evidencia de que no puede gobernar como debería, de que no tiene el respaldo democrático que para ello se requeriría, no puede resolverse tratando de chantajear también una y otra vez a la oposición y su sentido de Estado. No se puede pisotearla y despreciarla un día, para pedirla su imprescindible apoyo al día siguiente y volver a machacarla pasada esa necesidad. Lo democrático, lo constitucional, está claro: si no cuenta con suficiente respaldo democrático, porque ha perdido el que tuvo y no es capaz de lograr otro en el actual Congreso, solo hay un camino: disolverle para que los ciudadanos digan quien quieren que gobierne de verdad. Hay que dejarse de fuegos artificiales y de embrollos y afrontar la realidad tal y como es, y mostrar con hechos que se respeta a la ciudadanía toda: que se está a su servicio y no a la inversa.