El Defensor del Pueblo Andaluz incoa una queja de oficio
Miércoles 19 de noviembre de 2008
La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias informativas para investigar las circunstancias que provocaron la publicación de los nombres de un centenar de menores objetores de Educación para la Ciudadanía en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a través de 81 resoluciones de la Consejería de Educación que inadmitían o desestimaban sus solicitudes de objeción de conciencia a la asignatura.
Cinco familias interpusieron la correspondiente denuncia después de que el Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, manifestara públicamente que no iba a actuar de oficio, a pesar de reconocer que se trataba de una intromisión en el derecho a la intimidad de los menores afectados. En este sentido, el letrado sevillano Carlos Seco, que representa los intereses de numerosos padres, lamenta que la Fiscalía no haya actuado de oficio, a pesar de que la Ley “le obliga a hacerlo ante casos de vulneración flagrante y evidente de los derechos de los menores”.
La titular andaluza de Educación, Teresa Jiménez, se ha defendido de las críticas al asegurar que la Consejería no ha publicado ninguna relación de objetores, sino de una relación de expedientes, que no se han podido notificar de otra manera. Se han incluido, según apuntó, los datos necesarios “para la correcta identificación por parte de los interesados”.
Según la Consejería, la comunicación de la Resolución se hizo vía BOJA “habida cuenta del desconocimiento –por no haberlo hecho constar las personas reclamantes- del domicilio donde practicar las notificaciones o, en su caso, ante la imposibilidad de practicar éstas tras dos intentos”.
Queja del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, acordó incoar de oficio un expediente de queja por la publicación de los nombres de los menores en el BOJA. Además, un total de 50 ciudadanos se personaron ante esta institución, solicitando expresamente que sus reclamaciones se acumularan a la investigación iniciada.
La oficina que dirige Chamizo hace especial hincapié en la posible vulneración del derecho a la intimidad de los menores de edad que aparecen identificados con nombres y apellidos en la Resolución publicada. Derecho que, además de estar recogido en la Constitución Española, se asume en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, así como en la Carta Europea de los Derechos del Niño de 1992.
La mayoría de los legisladores autonómicos han promulgado sus propias normas generadoras de obligaciones para las respectivas Administraciones. En el caso de Andalucía, se trata de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor, en cuyo artículo 6 se establece que “la Administración de la Junta de Andalucía protegerá el honor, la intimidad y la propia imagen de los menores frente a intromisiones ilegítimas y, en particular, las que pudieran producirse a través de los medios de comunicación social y sistemas informáticos de uso general”.
En cambio, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía insiste en que “el uso del nombre del menor en la publicación oficial no se ha hecho de forma gratuita, sino que ha venido determinado por considerar necesario identificar un procedimiento incoado precisamente para resolver una solicitud que afecta al mismo como alumno de Enseñanza Secundaria”.
Aún así, el Defensor del Pueblo concluye que “la publicación de la Resolución objeto de análisis en el BOJA donde se contienen los datos de carácter personal (nombre y apellidos) de determinadas personas menores de edad supone una vulneración del derecho a su intimidad contraria a la especial protección de que deben ser objeto este colectivo y que resultan especialmente obligados los poderes públicos”.
Por ello, recomienda “que de modo inmediato se dicten las instrucciones oportunas y se adopten las medidas necesarias por la Consejería de Educación para impedir que en futuras actuaciones realizadas por la Administración educativa se identifiquen a las personas menores de edad con nombres y apellidos en aquellas resoluciones que, atendiendo a las normas procedimentales, deban ser objeto de publicación en los Boletines Oficiales que correspondan”.
Cese en la Consejería
Por el momento, el incidente se ha saldado con el cese de la secretaria general técnica firmante de la Resolución, según ha informado a EL IMPARCIAL el portavoz parlamentario del PP en materia de Educación, Santiago Pérez.
Para los afectados “eso no supone las asunción de responsabilidades, que debería venir de la consejera y el viceconsejero”, según Carlos Seco. Además, añade Seco, “mientras Manuel Chaves [presidente de la Junta de Andalucía] no depure responsabilidades en torno a la Consejería, es igualmente responsable”.
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