El reciente discurso del Rey Felipe VI sobre los lazos comunes, históricos culturales y de sangre entre España e Iberoamérica puede decirse que es retóricamente impecable, pero las circunstancias actuales por reclamaciones y desafectos indican que llega tarde y en medio de un vacío institucional.
España comenzó a mirar hacia el continente Iberoamericano después de la mítica fecha de 1992, al recordar el quinto centenario que ni siquiera se supo tipificar: ¿conquista, encuentro, fusión? A partir de ahí y de las cumbres iberoamericanas en realidad no existió voluntad española ni desde luego interés y valor iberoamericano por ir más allá de relaciones diplomáticas, intercambios comerciales y negocios españoles en el sur continente americano, a pesar de que la comunidad iberoamericana --América Latina y el Caribe-- en territorio del Río Bravo a la Patagonia sumaría casi 700 millones de personas, y a la que habría que agregarle probablemente unos 50 millones más de descendientes hispanos dentro del territorio de Estados Unidos que hablan el idioma.
El espacio de entendimiento posterior al quinto centenario fue muy breve: en el 2000 comenzó el ciclo de Hugo Chávez en Venezuela y su discurso reivindicador del pasado indígena en el continente. En estos poco más de 32 años, las relaciones alcanzan la atención pública solo por los reclamos de algunas naciones interesadas en reconstruir su pasado cultural originario. En España, en cambio, el tema de la cultura hispana en Iberoamérica nunca encontró políticas institucionales y se tuvo que conformar solo con lo que sería el lazo indisoluble de Unión: la lengua española unir a través de la literatura.
Si se mira con serenidad el alcance de este espíritu de recuperación del pasado originario, algunos países han dado pasos más o menos serios por reconstruir el pasado cultural, pero al final de cuentas Iberoamérica como sociedad se construyó sobre las bases de la mezcla de sangre española e indígena, un hecho que nunca fue prohibido por la Corona en los siglos de presencia en el continente americano, sino que por el contrario fue estimulada para crear una nueva identificación sanguínea en el criollismo.
A lo más que ha llegado México con su nueva ley aprobada con el voto del cien por ciento de los legisladores en las dos cámaras ha sido a reconocer por ley y estimular casi por obligación legal los derechos y la cultura indígenas, pero a sabiendas de que siguen existiendo incompatibilidades entre el modelo social de las comunidades indígenas y el modelo social de las comunidades mexicanas modernas.
Por ejemplo, en el estado de Oaxaca --una entidad que albergó a cuando menos cinco comunidades indígenas de enorme riqueza cultural y social-- nada menos que el 74% de sus municipios y autoridades locales funcionan y se eligen en términos de lo que se conoce como “usos y costumbres”, es decir, prácticas políticas y de gobierno heredadas de su pasado indígena, pero no siempre con posibilidades de acomodarse en el funcionamiento moderno de las instituciones políticas del Estado mexicano.
Y a ellos se agregan detalles que pueden ser menores pero que indican la disociación cultural: en esas comunidades de usos y costumbres prevalece el machismo o la marginación de la mujer y ha acostado trabajo a las corrientes de equidad de género convencer a los pobladores --que eligen autoridades en grupos conocidos como consejos de ancianos-- que las mujeres en el resto de la República cuentan con los mismos derechos que los hombres, al grado de que hoy en día la Jefatura del Poder Ejecutivo Federal está en manos de una mujer que está reivindicando lo que por cierto ya reconoce la Real Academia Española: la feminización del cargo de presidente como presidenta, pero la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo ha usado varios discursos para fijar el concepto de “presidenta con A”.
Examinada con rigor la corriente política reivindicatoria del pasado indígena, la estructura moderna de funcionamiento del poder político y de gobierno solo llega al punto de reconocer derechos y cultura, aunque el sistema político y el régimen de gobierno mexicano --por ejemplo-- se nutre de estructura y funcionamientos de castas y clases que provienen de los imperios indígenas que fundaron reglas institucionales que siguen vigentes.
El caso es que la insistencia de México al exigir una disculpa pública de la corona española por las represiones radicales que violentaron el funcionamiento de las comunidades indígenas mexicanas se ha atravesado en las relaciones entre España y el subcontinente Iberoamericano. Visto los hechos con frialdad, la disculpa no resuelve ningún problema político real, porque el futuro de los países iberoamericanos no está en una España que ya no es imperio y que tiene sus propios problemas de gobernabilidad entre monarquía y República, sino que el destino de Iberoamérica está dependiendo de lo que pueda aprovechar del sistema capitalista explotador que enfoca los países no como aliados sociales, sino como territorios con recursos que son explotados de manera unilateral por el capitalismo americano.
España e Iberoamérica requieren un nuevo acuerdo político que implique instancias gubernamentales en ambas partes para ir más allá de los discursos de coyuntura sobre el origen común, el lenguaje y los intereses económicos y busque que el sistema económico español pueda llegar a ser una alternativa de corto plazo a la crisis económica que padece el mundo Iberoamericano por su dependencia del capitalismo estadounidense en modos de recursos naturales y de exacción de riquezas y no de alianzas productivas.
Las estructuras de gobierno en España e Iberoamérica deben abrir ya espacios institucionales de funcionarios que busquen un nuevo encuentro hacia adelante, pero dejando atrás los discursos retóricos.