La explosión que el Tribunal Supremo ha provocado en Moncloa desborda a la plana mayor del PSOE. Pedro Sánchez al frente. El prestigioso Tribunal ha decidido investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
He consultado con media docena de juristas ilustres y la respuesta ha sido unánime: “El único camino decente que tiene García Ortiz es la dimisión”. La Sala de lo Penal ha acordado abrir causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a la investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular. La ojeriza con que Pedro Sánchez distingue a Isabel Díaz Ayuso, a la que considera su gran competidora, es de tal calibre que no dudó en ordenar a Álvaro García Ortiz una maniobra contra su pareja, con el fin de desprestigiar a la presidenta madrileña.
La verdad es que le hizo mucho daño en la opinión pública. Pero la daga lanzada por Pedro Sánchez se ha vuelto contra él como un bumerán. El líder socialista no midió las consecuencias de lo que puso en marcha y, aunque el fiscal general cargue las culpas sobre sí, está claro, incluso para la política áptera, que quien manda sobre García Ortiz es el presidente del Gobierno. Por otra parte, Pedro Sánchez ha defendido en muy varias ocasiones a García Ortiz, considerando que su decisión, ahora cuestionada por el Tribunal Supremo, fue legal.
El Tribunal Supremo, en fin, sentenciará ahora el fondo de la cuestión, pero como un fiscal general del Estado no puede estar imputado o investigado en una democracia pluralista plena como la española, el único camino decente que tiene, efectivamente, es la dimisión. Y si no cede su cargo voluntariamente, habría que destituirlo de forma fulminante.