Cuando fue designado candidato presidencial a principios del 2018, Andrés Manuel López Obrador se encontró que el tema prioritario en la sociedad era la inseguridad y sobre todo la violencia social de muchas y diversas bandas del crimen organizado. Dos de sus grandes propuestas fueron, primero, la Guardia Nacional para sustituir a la corrupta Policía Federal y, segundo, cambiar la narrativa de represión la policíaca por el enfoque que resumió en la propuesta de “abrazos, no balazos”.
En su momento, el discurso del candidato de Morena cambiaba los parámetros de la violencia criminal: los altos índices de asesinatos por causas de seguridad eran causados por la persecución del Estado, es decir, la violencia de respuesta. En cambio, el candidato ofrecía disminuir la violencia pública para bajar la dinámica de la violencia reactiva de los delincuentes, y al mismo tiempo trabajar en la zona de lo que llamó las causas de la inseguridad: la pobreza social.
A la vuelta de seis años, el Estado se replegó solo a reacciones de última hora, pero los delincuentes aprovecharon ese vacío institucional para dar pasos en la captura de cuando menos tres instancias públicas: la expropiación de facto de porciones territoriales de la soberanía del Estado, la expansión del crimen organizado en el control de actividades productivas que debían de ser prioridad del Estado y la ocupación de espacios en las estructuras institucionales de los tres niveles de gobierno.
El saldo se resume en que la violencia al terminar el Gobierno de López Obrador fue mucho mayor a la que tomó cuando protestó como presidente. Su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a continuar con la estrategia de combatir las causas sociales de la inseguridad, pero también anunció algunas acciones operativas insuficientes de las autoridades contra las bandas criminales. Sin embargo, las primeras dos semanas de gobierno han visto una mayor expansión de violencia por parte de las bandas delictivas y la misma falta de decisión operativa de las fuerzas de seguridad.
Cualquiera diagnóstico sobre la situación en que se encuentra la inseguridad en México parte de una realidad inocultable: ninguna banda criminal de ninguna especialidad puede existir si no es con la complicidad de omisión, de comisión o de justificación de las autoridades del Estado federal y por lo tanto de las instancias estatales y municipales.
Así de sencillo. Ahora mismo el secretario de seguridad pública (ministro) del Gobierno del presidente Felipe Calderón 2006-2012 (hoy autoexiliado en Madrid) se encuentra preso en Estados Unidos y a punto de recibir una sentencia bastante dura por haber colaborado al fortalecimiento del Cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Otros altos funcionarios en años pasados también fueron arrestados por colaborar sobre todo con el narcotráfico. Ahora mismo, los gobernadores de Sinaloa (Rubén Rocha) y de Guerrero (Evelyn Salgado) están siendo señalados por relaciones de complicidad con algunas bandas delictivas.
Al terminar el Gobierno de López Obrador y comenzar la administración de Sheinbaum, el gobierno federal recibió mayores atribuciones constitucionales en materia de seguridad: la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (el Ejército) y las Fuerzas Armadas con facultades también constitucionales para participar en labores de apoyo a la seguridad pública (afectaciones a las riquezas individuales del ciudadano) en modo de seguridad interior (cuando la inseguridad afecta la gobernanza democrática y el clima de beneficio para los negocios).
En 2008, el entonces presidente Calderón realizó una reunión para dar a conocer un acuerdo nacional de seguridad como política de Estado, con la firma de apoyo de absolutamente toda la estructura social mexicana, y la novedad de su documento fue la identificación de 74 fallas en toda la estructura de seguridad y el compromiso perentorio con fechas precisas de solución de cada una de ellas. Como siempre ocurre en México, un año después ese acuerdo había sido incumplido por todas las instituciones y personalidades firmantes.
Hasta 1976, funcionarios del área de seguridad política del Estado controlaban a todas las bandas delictivas y administraban su funcionamiento, pero primero llegaron los funcionarios administrativos y luego los tecnócratas economistas y desdeñaron los enfoques de seguridad como parte de la estabilidad nacional. A lo largo de casi medio siglo, el Estado desdeñó su responsabilidad edad primigenia de garantizarle la seguridad a los ciudadanos y por eso México se encuentra con el 85% de su territorio dominado por los delincuentes.
Frente a las 74 fallas muy precisas detectadas en 2008, la presidenta Sheinbaum presentó solo dos enfoques: seguir combatiendo las causas sociales con programas asistenciales a zonas dominadas por el crimen y desplegar a la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas con enfoques de disuasión y no de persecución. En cambio, alrededor de 15 carteles del narcotráfico y cientos de organizaciones delictivas para otros delitos siguen operando con impunidad.
Nada se hizo en el Gobierno de López Obrador y no hay nada en las agendas de pendientes del Gobierno de Sheinbaum para reorganizar a las policías estatales y municipales que han sido cooptadas por el crimen organizado, tampoco se han modificado leyes para endurecer persecuciones y castigos y lo más grave de todo está en las evidencias de que la capacidad de fuego de la delincuencia ha rebasado los niveles de autoridades municipales y estatales y en algunos casos hasta la propia Guardia Nacional, dejando el poder de las Fuerzas Armadas como la última línea de defensa.
Mientras no exista una estrategia de confrontación directa contra las bandas delictivas, la inseguridad en México seguirá agravándose.