El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia.
En su exposición razonada, basada en el informe de la UCO, Moreno menciona por primera vez a Pedro Sánchez como "el 1" en el polémico rescate de Air Europa, en el que participó el principal sospechoso del caso mascarillas, Víctor de Aldama.
El juez alude a un mensaje que Aldama envío al dueño de la aerolínea en el que le indicaba que todo estaba preparado para la concesión de la copiosa ayuda pública. "Mañana a primera hora está el 1, ella la de hacienda y él y está tomada la decisión". "En sus conversaciones, cuando hacen referencia al Presidente del Gobierno lo hacen siempre nombrándolo como el '1'. A modo de ejemplo, obra una conversación entre Koldo García y Víctor de Aldama de fecha 17 de abril de 2021 en la que Aldama le dice a Koldo: 'El presidente de RD vuela esta noche a España sabias?' y éste le respondió 'Verá al 1 nuestro, sería bueno que el jefe le viera también”, dice el auto.
Otro de los mensajes intervenidos por la UCO también señala a Sánchez como "el 1": "Me dice K que ya le ha llamado el 1 en cuanto sepa te digo ha servido la llamada”, le dijo, lo que lleva al juez a concluir que "de lo anterior se deduce que el presidente del Gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le habría comentado nada a Koldo".
En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción Dos atribuye a Ábalos una “imputación clara y concreta” a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Por su condición de aforado antes las Cortes Generales, el magistrado subraya la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado, por lo que entiende que ahora la instrucción debería continuar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Moreno acuerda enviar testimonio íntegro de las actuaciones para que sea el Alto Tribunal el que se pronuncie si debe asumir toda la investigación o únicamente lo referido al aforado.
En su resolución, el juez atribuye a Ábalos en concreto un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas. Respecto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada la intervención del entonces ministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, así como por su intervención en la contratación, por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC), a la mujer con la que entonces mantenía una relación personal.
Por último, el instructor atribuye al exministro el delito de cohecho porque le fue proporcionado el uso y disfrute de una vivienda en localidad gaditana de La Alcaidesa como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario. Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió la pareja de Ábalos en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101, 43 euros y que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.
En su exposición razonada, el juez considera que de la investigación realizada hasta ahora se infiere la “existencia de una organización criminal; de concierto previo para conseguir la adjudicación de los contratos”, unos cobros obtenidos por el asesor Koldo GARCIA para mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos consecuencia de las irregulares adjudicaciones.
El magistrado recuerda que el inicio de esta causa se centró en la investigación del negocio de las mascarillas y que permitió poner al descubierto la relación privilegiada del empresario Víctor de Aldama en el entonces Ministerio de Fomento con Koldo García, asesor del ministro.
Como patrón general de comportamiento, Aldama paga de manera recurrente y periódica a Koldo la cantidad de 10.000 euros al mes por la que éste se prevalía de la influencia de ÁBALOS y actuaba en beneficio del propio Aldama y de sus empresas. Estos pagos a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, según el juez, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario cuyo beneficiario sería Ábalos. Los más evidentes observados hasta el momento son los relativos a la compra del chalet de la Alcaidesa, así como el pago a través de personas vinculada a Aldama del alquiler de un piso que disfrutaba la mujer con la que el ministro mantenía una relación.
El magistrado señala que queda acreditada la perdurabilidad en el tiempo de esta organización criminal integrada en principio por diez personas investigadas en la causa, de manera simultánea a la celebración de los contratos investigados e, incluso, con posterioridad a los mismos (salvoconductos para disfrutar de libertad de movimientos de ciudadanos venezolanos u obtención de título de operadora para Villafuel).
El juez considera que a lo largo de estos meses de investigación ha quedado acreditada la vinculación de Ábalos con los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión por el procedimiento de emergencia. Señala que Aldama era conocedor “de manera anticipada” de la necesidad de realizar una contratación con carácter de emergencia.
Los indicios recabados a través de los correos electrónicos intervenidos, las declaraciones de testigos, las intervenciones telefónicas, el volcado y análisis parcial de los dispositivos electrónicos de los investigados, así como todo aquello que se ha instruido hasta el día de hoy, puede concluirse, de manera indiciaria, que la selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y de algún alto cargo del MITMA, con la permanente participación de Koldo García.
El juez recoge la propia auditoría del Ministerio, incorporada a la causa en la que apunta a “que el propio ÁBALOS y/o su Gabinete podría haber sido quien contactara con SOLUCIONES, negociara con estos y modificara el objeto de la emergencia para que finalmente coincidiera con lo ofertado por la empresa”, unas consideraciones que coinciden con el informe de la UCO de la Guardia Civil.
En su exposición razonada el juez subraya el papel de José Luis Ábalos en el rescate de Air Europa y, en concreto, las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar, según el instructor cómo Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate a esta empresa.