El Supremo anula el protocolo de intervención de la UME

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso explica que, para esta regulación no se recabó el informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, trámite que considera esencial, y se omitió además el informe del Consejo de Estado, que es preceptivo, lo que provoca la nulidad de pleno derecho del real decreto impugnado.

La Sala rechaza los argumentos del abogado del Estado respecto a que se trataba de un reglamento meramente organizativo y de que no afectaba a la seguridad de personas o bienes, en cuyo caso no serían necesarios estos informes. Por el contrario, el alto tribunal establece que se trata de un reglamento ejecutivo y señala que lo que predomina en la norma "no es precisamente la organización de la unidad, y sí cuando actúa, como actúa, como se relaciona, que efectos produce su intervención respecto a otras autoridades y respecto a las personas".

El Supremo explica también que la Comisión Nacional de Protección Civil debería haber informado sobre el real decreto ya que la norma concreta que la UME tiene como misión intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos" y autoriza a la unidad a utilizar medios públicos y privados para el cumplimiento de las misiones asignadas.

De esta forma dado la razón al Gobierno vasco que recurrió el Real Decreto que en 2007 aprobó el protocolo de intervención de la UME, en el que se establecen las misiones de esta unidad y las situaciones de emergencia en las que debe intervenir, entre otros aspectos.

El Departamento de Interior del Gobierno vasco aseguró tras conocer la sentencia que evidencia que este organismo se puso en marcha de manera "precipitada e improvisada". El Gobierno vasco señaló que, por lo tanto, se "paraliza" el desarrollo de la Unidad Militar de Emergencias, fuerza conjunta creada el 7 de octubre de 2005 por el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero para intervenir ante catástrofes, inundaciones, incendios y otras situaciones de emergencia en todo el territorio nacional.

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que, en caso de catástrofe, la UME intervendrá si el Gobierno no solicita. La vicepresidenta considera que la sentencia afecta al contenido formal de la norma no a la actividad de esta unidad militar que es una de las principales apuestas de la política de Defensa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ministerio de Defensa ha explicado que recibió esta mañana la notificación de la sentencia y está estudiando los argumentos jurídicos de la misma.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) aseguró que la decisión del Tribunal Supremo "pone de manifiesto la precipitación del Gobierno en aprobar todo lo relativo a la UME". Su secretario general, Mariano Casado, considera que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero quiso constituir la nueva unidad con "un tiempo político" porque estimaba que "había que sacarla a toda cosa".