Como ocurre con otros muchos temas de la política actual es muy difícil encontrar un tratamiento no partidista de la crisis de la dana valenciana, esto es, una visión serena y en la medida de lo posible objetiva de la misma. Suele localizarse el encono del debate político en las redes, pero lo cierto es que sobreabunda en otros medios, hablemos de la prensa y la televisión. Recurro entonces, si pienso en leer algo sensato y reposado, a alguna publicación extranjera, en este caso The Economist. Quizás recuerde el lector como hace relativamente poco, me hacía eco del libro que sobre España había publicado un antiguo corresponsal de este medio, Michael Reid, que me parecía ofrecía una visión bastante equilibrada de nuestra situación política actual.
La crónica del Economist de 7 de Noviembre sobre la riada de Valencia, en la que se ofrece una descripción de su alcance, se apunta la tardía comunicación de la misma a la población, y se da cuenta del desencuentro entre las autoridades autonómicas y centrales en la gestión de la catástrofe y sus mutuos reproches, resaltando la incapacidad de anteponer la búsqueda de la solución común al daño causado a la utilización partidista de la tragedia, me llama la atención por dos extremos. En primer lugar se registra con cierta extrañeza que la tragedia no haya sido abordada como una emergencia nacional, desechando la declaración del estado de alarma o las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 17/2015), estableciendo el nivel 3 de emergencia. The economist aventura la hipótesis de que, al menos para la declaración del estado de alarma pudo pesar que el Tribunal Constitucional, bien discutiblemente, estableciese en su día la inconstitucionalidad de tal medida durante la pandemia, de manera que Sánchez rehuyese adoptarla de nuevo.
El caso es, y esta es la segunda observación importante, que lo que el inhábil Mazon y el renuente Sánchez (su frase “que pidan lo que necesiten”, no indica una actitud, según el semanario, precisamente proactiva) es que el sistema autonómico no puede funcionar adecuadamente en un clima de confrontación política permanente y sin tregua. La crisis valenciana ha dejado al descubierto deficiencias y fallos innegables en el sistema autonómico. “Los gobiernos regionales han adquirido cada vez más poder en lo que se ha convertido en una clase de sistema federal bastardeado. Por ello se necesita coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, lo que no ha ocurrido”.
Es sin duda la ocasión para recordar la trascendencia del correcto funcionamiento del sistema autonómico para la propia suerte del Estado democrático, como señaló en su día gráficamente García de Enterría, cuando advirtió que nuestra democracia se la jugaba con la apuesta autonómica. Y es también el momento de apuntar nuevamente que la colaboración, en sus diversos niveles y manifestaciones, es un soporte fundamental, una verdadera viga maestra, del Estado autonómico, como tantas veces se ha afirmado por el Tribunal Constitucional, y como no puede ser de otra manera en un orden en el que el poder se comparte y donde su ejercicio no puede llevarse a cabo, sin atender a las exigencias de la eficiencia y la solidaridad. El Tribunal, entonces, justifica la colaboración en razón de la integración de las Comunidades Autónomas en el Estado. Para el Tribunal Constitucional, en efecto, nuestro sistema autonómico no corresponde a una forma política en la que no hubiese comunicación entre los diversos niveles de gobierno. La Sentencia 18/82 advierte que el deber general de colaboración es principio que no es menester justificar en preceptos concretos y se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de organización territorial que se implanta en la Constitución.
La colaboración en el sistema autonómico se rige por lo que demanda el principio de subsidiariedad, que busca adecuar las facultades de actuación de las diversas autoridades en los distintos niveles territoriales a la entidad de los problemas y la disposición de los correspondientes medios. Pero el juego de la subsidiariedad, que conoce la especial eficacia de la proximidad y el autogobierno, no excluye, sino más bien todo lo contrario, el papel de liderazgo del poder central, tanto más claro en el caso del desastre de la riada cuya dimensión nacional es indudable. En la medida que el alcance suprarregional del desastre ya era evidente desde el primer momento, ello debió motivar de modo inevitable un abordaje del problema conjunto entre los dos grandes partidos nacionales, que por otra parte ostentan los gobiernos central y autonómico. Por decirlo de modo más claro, apunto a una reunión de Estado entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición Sr. Feijóo. A partir de ese afrontamiento conjunto la gestión de la crisis hubiese sido desde el primer momento también mas contundente y efectiva, sin titubeos, retrasos ni contradicciones.
Debe indicarse también que existen en el sistema normativo de manera especial en la Ley de 2015 de Protección civil, que sustituye a la Ley de 1985 y que refuerza las previsiones para los supuestos de crisis de la Ley de 1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común aplicable a todas las Administraciones Públicas y que establece una regulación básica de los principales instrumentos de cooperación, una delineación perfecta de los instrumentos de coordinación. Excuso decir que para la colaboración funcione no es suficiente el marco normativo habilitante, sino la voluntad de cooperar. Esta voluntad de cooperar depende en gran parte de la lealtad institucional (llámenla si quieren federal) de los sujetos concernidos, a los que sin duda les afectará positivamente el cultivo de un animo colaborativo por parte de las fuerzas políticas principales. De otro modo, como dice en el reportaje del Economist Juan Romero, geógrafo de la Universidad de Valencia, “tendremos un serio problema en el gobierno democrático de España”. Y, añado yo, el riesgo de desvirtuación del modelo español de descentralización (el “bastardeamiento” a que se alude con sorprendente dureza por el semanario británico según acaba de ver el amigo lector), será innegable.