El origen de las intervenciones de Zapatero en Repsol

En septiembre de 2006, Antonio Brufau, que busca una vía para garantizar reservas de crudo para la compañía que preside, Repsol YPF, y encuentra la solución en la segunda petrolera rusa: Lukoil. La dirección de la española y la rusa llegan a un acuerdo: Lukoil adquiere el 10 por ciento del accionariado de Repsol y a cambio la compañía española controlará parte de sus pozos de petróleo.

La solución parece óptima. Repsol amplía su negocio, asegura su futuro inmediato con los yacimientos rusos, y la entrada de Lukoil no amenaza la estabilidad del accionariado o de la dirección. Pero entonces interviene Javier de Paz, uno de los hombres del PSOE en el mundo empresarial, se pone en contacto con Brufau, según la crónica de El Mundo, para informarle de que el Gobierno no tolerará la operación.

Lo cierto es que un movimiento de ese estilo rompería con la estrategia diseñada entonces por el Gobierno respecto a Endesa. Gas Natural había lanzado una OPA sobre la que entonces era la primera eléctrica española, y contaba con el pleno apoyo del Gobierno y de su ministro de Industria, José Montilla, hoy presidente de la Generalidad. En sus planes no entraba la dura oposición por parte del consejo de Endesa y en particular de su presidente, Manuel Pizarro.

Pero, desde luego, lo que no entraba en sus planes era la entrada de E.On en el juego. Cuando Ángela Merkel llamó a José Luis Rodríguez Zapatero para informarle de que al día siguiente la eléctrica alemana pujaría por Endesa, el presidente español respondió muy airado. Tras confirmarse la noticia, Zapatero elaboró un discurso nacionalista que hablaba de “campeones nacionales” en sectores estratégicos como la energía.

Luego no le importó, después de una visita del presidente italiano, Romano Prodi, a Ibiza, que Endesa quedara en manos de una empresa pública italiana de la mano de la concesionaria Acciona. Pero entonces la entrada de Lukoil en Repsol (que es accionista de Gas Natural, la opción española frente a la extranjera) habría roto por completo el discurso del Gobierno.

Pero Repsol necesitaba tener un nuevo socio, y desde el Gobierno le ofrecieron una solución: la promotora inmobiliaria Sacyr Vallehermoso, presidida por el empresario Luis del Romero. Sacyr no era para el Gobierno un actor más. La inmobiliaria ya se había metido en una aventura más allá de su mercado natural para echar una mano al Gobierno en el asalto a BBVA, una operación encaminada a desbancar a Francisco González, un hombre con la independencia suficiente como para encajar mal con los planes del Ejecutivo.

Pero comprar el 20 por ciento de una empresa de las dimensiones de Repsol no está al alcance de cualquiera. E incluso en el cénit del boom inmobiliario, Sacyr no estaba como para aportar el capital suficiente. De modo que compró un quinto de la petrolera sin poner un euro propio, y poniendo por toda garantía las propias acciones. Es como las financiaciones de la compra de una casa con hipotecas del 100 por ciento del capital. El problema para Sacyr es que entonces el precio de la acción rondaba los 30 euros y ahora cotizan a la mitad, a medida que la crisis económica deprime los precios del crudo.

El Gobierno volvió a recurrir a Sacyr para un encargo de importante, cuando se encargó de llevar el AVE a Barcelona antes de que se celebraran las elecciones. De este modo, la empresa privada era la que cumplía con la promesa del político. Ahora bien, Sacyr iba a cobrar ese favor en volumen de contratos de obra pública, pero éstos no llegaban. La deuda de la promotora, de 18.000 euros, era demasiado pesada para la promotora, por lo que la única alternativa a la suspensión de pagos es la venta de Repsol YPF. Necesita vender, y necesita hacerlo a buen precio a pesar del precio del petróleo. Cuando le explicaba sus razones al presidente de Repsol, Luis del Rivero decía: "Yo le saqué del lío del AVE a Barcelona y mira cómo me pagan”, con contratos con Florentino Pérez y otros, según se quejaba, en lugar de con él.

Hace dos semanas, según la crónica de Casimiro García-Abadillo, Del Rivero explicó a Brufau que estaban dispuestos a pagar 28 euros por acción, aproximadamente el doble de la cotización entonces, pero sólo si compraban el 30 por ciento del accionariado, el límite máximo que permite la ley sin obligar a lanzar una OPA. En ese momento es cuando La Caixa decide entrar en la operación y vender el otro 10 por ciento que falta.