Después del acontecimiento trágico provocado por la gota fría en Valencia y la pésima gestión de las instituciones, tanto a la hora de prevenir como ayudar a los miles de víctimas, se vuelve a sostener que el Estado Español en una organización política fallida. Más bien habría que calificarlo como un Estado mal constituido y que ha posibilitado un grave deterioro por los errores en su construcción y adaptación a las realidades con consecuencias muy negativas para gran parte de la población.
Este Estado ha entrado en una hipertrofia a causa de su excesiva burocratización e ideologización, muy en consonancia con lo que está pasando en el sistema de la Unión Europea. Es perceptible su deterioro en muchas de sus actuaciones corrientes, especialmente en la falta de unidad y desconexión entre las instituciones de ámbito nacional y local, si bien cuando más visible se muestra su ineficacia ha sido en las situaciones de emergencia. Lo que conduce a la pregunta de si el Estado es poco operativo para la mayoría de las funciones ordinarias y excepcionales, o son los políticos los que le hacen tan ineficaz. Hasta ahora, el Estado español sobrevive debido a que todavía funcionan ciertas instituciones del Estado de Derecho y hay un cumplimiento profesional de muchos funcionarios y personal laboral.
Puede ser que, como dice Carl Schmitt, “la estatalidad está llegando a su fin”, aunque también, la estructura legal del régimen democrático, en realidad un consenso cleptooligárquico adaptado a la ideología woke –totalitarime d´atmosphère-, ha permitido acceder a las instituciones un alto número de gente sin preparación, sin capacidad, sin conciencia moral y nula sensibilidad ante los dramas y tragedias de los demás, que viven de la política para conseguir una fuente duradera de ingresos” (Max Weber), por lo que su principal propósito será enriquecerse y disfrutar de los privilegios del poder.
Este tipo de gente, que odia a la Civilización de la que obtiene los máximos beneficios, forma parte del Gobierno ultraizquierdista, erigido en estilete principal de la progresía. Una vez los “cleptos” llegaron al poder, declararon la guerra al Estado y a la buena sociedad, al objeto de llevar a cabo una radical transformación ecoideológica, planteando una estrategia consistente en desintegrar a la Nación y al Pueblo, subvirtiendo el Derecho para cubrir ilegítimamente de legalidad el ejercicio del poder.
Pero lo más grave es que el Estado no ha sido capaz de impedir que los enemigos internos, aquellos que pretenden acabar con el sistema político y, sobre todo, con la Nación, se hayan introducido en las instituciones. Será el Gobierno, cuyo Presidente, un autócrata carente de moral de responsabilidad y menos de convicción, fiel servidor de agentes externos al País, y otras instituciones, como los partidos que lo apoyan, se dedican a desmontar el orden jurídico e institucional y deslegitimar todas las instituciones.
Así se puede entender que el Gobierno ante la tragedia vivida en varios pueblos de Valencia no quisieran tomar la decisión política adecuada. Cuando el Gobierno descartó declarar el estado de emergencia, probablemente su propósito, era crear aún más desorden y desesperanza al territorio levantino, así como aprovechar el acontecimiento para reducir su desarrollo, creando una situación de debilidad para que el territorio sea entregado en el futuro al separatismo catalán.
En la práctica, el Gobierno suspendió la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados por el fenómeno meteorológico, impidiendo que se protegieran sus derechos fundamentales. Es fácil entender el motivo, ya que, en la soterrada guerra contra la sociedad, el enemigo principal del Gobierno, el ciudadano español merece siempre ser castigado. De hecho, su representante, la Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, actualmente Vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera Rodríguez, aplicando el anticódigo (inmoral) que sigue el Ejecutivo, consideró a las victimas culpables de la tragedia -¿los muertos tuvieron una muerte justa?-, abriendo la posibilidad de que se les pueda imputar cualquier delito relacionado con el cambio climático –¿acaso no son también responsables del calentamiento global por la huella de carbono que dejan sus cuerpos?-.