Símbolos religiosos, una polémica fuera de nuestro tiempo

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, en virtud de la cual se obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, ha levantado una enorme polémica. Fue un grupo de padres quien en 2005 emprendió una particular cruzada contra lo que, a su juicio, suponía una “flagrante vulneración de sus derechos”. Argüían –y el juez inicialmente les ha dado la razón- que la exposición de símbolos religiosos en un aula contravenía el tenor de los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, referidos a la igualdad y la libertad de conciencia.

Y es cierto que los preceptos referidos consagran derechos fundamentales. El citado artículo 14 de nuestra Carta Magna dispone que nadie podrá ser discriminado “por razones de índole religiosa”. Y el 16.1 garantiza la libertad de culto. En general, muy pocos padres, hasta el momento, han considerado que la presencia de un crucifijo vulnerara esos derechos pero basta que alguno así lo haya entendido como para respetar una postura que aparece claramente protegida por la Constitución, como así lo ha interpretado el juez en el caso que nos ocupa. No hay, pues, más que -amén de acatar- respetar la sentencia. Pero ello debería realizarse sin estridencias, de una forma natural y discreta por las partes -maneras, por otra parte, que son las más comunes y extendidas en una sociedad moderna y tolerante como la española que, desde hace ya muchos años, ha dejado atrás intransigencias y sectarismos en esta materia.

Por una parte, la Iglesia Católica, que tiene una presencia pública masiva, como podría esperarse dada la historia, cultura y tradiciones españolas, no debería sentirse agraviada por la exigencia de una estricta separación entre Iglesia y Estado. Por otra parte, dicho imperativo de separación y neutralidad también tendría que extenderse a otros ámbitos y políticas, donde cualquier gobierno debería buscar equilibrios y consensos de mínimos, en lugar de adoctrinamiento. La idea de la ministra de Educación de que estos asuntos se traten con delicadeza y queden a la discrecionalidad y buen juicio de cada centro, parece razonable. Como en tantas cosas, la sociedad española es bastante más sensata, discreta y normal que sus políticos y medios de comunicación: los españoles de hoy están tan alejados de la soberbia opresiva de los curas del tiempo delirante del nacional-catolicismo, como del anti-clericalismo agresivo y violento de la Guerra o de la suficiencia, cursi e indigesta, de la beatería políticamente correcta de la progresía posmoderna.