La proposición de ley socialista, registrada el pasado viernes, plantea prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos, así como que no se pueda abrir un proceso penal con meros recortes de prensa "sin el menor indicio de irregularidades".
En un comunicado, la asociación conservadora de jueces avisa de que de ser aprobada, la reforma "limitará gravemente" la investigación de hechos relacionados con la corrupción, lo que "favorecería su impunidad", y alerta de que el objetivo final es "evitar y silenciar" la discrepancia y la crítica.
Por tanto, se trata, a ju juicio de la APM, de un "nuevo ataque" al Estado de derecho, por lo que reclama la intervención de las dos mandatarias de la Unión Europea.