José Ortega y Gasset entendía la unidad nacional de España “no como una coexistencia interna, sino como un sistema dinámico”, leemos en su famoso libro España invertebrada (1921). Esta unidad depende más del horizonte que se abre que de lo ya realizado, pero concebido tal confín como tarea aún pendiente: “la idea de grandes cosas por hacer engendra la unificación nacional”. Y esto precisa, a su vez, habilidad práctica de quien maneja políticamente la aspiración. La política ha de entenderse aquí en sentido lato y supeditada además a “la unidad dinámica espiritual que forman un ejemplar y sus dóciles”. Ortega resume en esta moción, aunque no lo parezca, el dinamismo aristotélico. Lo dinámico de un sistema es su potencia de actuación efectiva, la cual, existiendo, puede no verificarse. El cumplimiento precisa de la idea ejemplar que configura el proceso o trayectoria interna cuyo fin es un acto. Lo así acontecido –el ergon de Aristóteles, la fuerza ergónica de una idea, digamos– mantiene aún el dinamismo que lo potencia y continúa en su exégesis, si la hubiere, y resonancia. Y en ello se fundamenta la “coexistencia interna” derivada de este potencial. No podría realizarse nada grande, consistente, sin la “unidad dinámica” por una parte natural y, por otra, aplicada a los actos humanos, “espiritual”, que funciona como guía y orientación paradigmática. El encuadre ontológico del ser humano se ubica también en el dinamismo de la naturaleza.
A Ortega parece haberlo escuchado España al redactar la Constitución de 1978 y configurarla como un Estado de Autonomías. Las provincias se redimieron así del provincianismo que las recluía, como sostiene el filósofo madrileño en otro título suyo, ampliamente comentado por diversos autores y políticos: La redención de las provincias (1931). La dinámica nacional experimenta de nuevo un rebrote con la propuesta socialista de un plurinacionalismo republicano. El paso de las provincias a autonomías quiere prolongarse en naciones articuladas con incierto signo federal. La idea no es unánime, pero conviene a las autonomías denominadas históricas, como si las demás fueran un apéndice del tiempo. Segrega, por otra parte, la costa noroccidental y nororiental del resto de España y obliga a reorganizar –tal lo presupuesto– las fronteras políticas.
Visto así el problema, se trata de darle la vuelta a un Estado secular de sólida raigambre política nacional e internacional y desde intereses partidistas bastante restringidos. Ni siquiera esto si observamos la regresión social del independentismo en Cataluña y el País Vasco, muy escaso en Galicia. Estas tendencias se han convertido en urgencia soberana. La urgen puñados de políticos en funciones de gobierno y otros que, por haberlas sustentado antes –ya cientos, si no miles en algunos casos–, buscan nuevas responsabilidades. Son feudos de poder que se representan a sí mismos, autógenos, y crean vigencia ideológica, de carácter autista. Y lo hacen a cuenta de los presupuestos del Estado y fondos especiales que sustentan su demagogia, propaganda, endogamia ancilar, clónica, etc. Así ha crecido en poco tiempo el fervor secesionista desde 2010, pero el empuje merma carente de convicción sólida. Contribuye a ello además la estrategia del Gobierno –es virtud suya– consistente en marear la perdiz con hábil tutela del tiempo.
He aquí un fenómeno del aparente dinamismo interno de ciertas comunidades. El caso de las embajadas de Cataluña es un ejemplo. Se fuerza un Estado en ciernes. Se intenta conseguir en los despachos principescos el resultado que el voto popular no les otorga, al menos de momento. Ramonean el poder provocando ruido cuyo eco los confirma y empodera, otorgando a este verbo, sobre el empower inglés –calco léxico de moda–, la antigua acepción castellana de “apoderar”. Y si pronominalizamos el verbo –apoderarse–, palabra y cosa referida son cara y contracara de la moneda.
La denominación plurinacional aplicada a la Nación española es una propuesta oportunista del Gobierno aprovechando el espejismo gregario de estas comunidades con ínfulas independientes. ¿Para depender de quién, preguntémonos? En Europa no tendrían cabida. Fuera de ella tampoco si no las avala una potencia de otro continente. Apenas resistirían la compresión del entorno y la clase regente se impondría sobre amplios sectores comunitarios. El sectarismo no tiene voz unánime y fomenta el desequilibrio y agravio de partes. Contribuye a que estas provincias pierdan lo mejor de sí logrado precisamente en la unidad territorial española que las fundamenta.
El federalismo plurinacional resulta una huida hacia adelante de un partido con síntomas de escisión, si no de anemia, pero al que dota de estímulo gratuito el afán y experiencia de poder. En una democracia vigorosa las disensiones actuales de muchos afiliados socialistas y la desafección de voto ya hubieran producido una reacción interna con resultados manifiestos en la dirección orgánica del partido y en bastantes agrupaciones territoriales. Los amagos verbales de ciertos exdirigentes mediáticos y de otros aún en ejercicio, o ya separados oficialmente, o de quienes se autoexcluyen, apenas inducen corriente alterna. Esto denota penuria de ideas y proyectos alentadores, lo cual refleja cortedad política del Gobierno afectado de igual carencia. La nostalgia de la II República suena a hueco con tales preámbulos y la memoria del guerracivilismo en una Europa del siglo XXI, con la sombra de cadáveres exhumados y por los aires, resulta allí obsoleta y, aquí, espantajo. Y si a una República de nuevo cuño nos referimos, las políticas actuales y sus dirigentes la desacreditan. Lo conseguido al respecto en la Transición enturbia estas pretensiones, pero las anima también al mismo tiempo. La estrechez de miras y horizonte socava el pasado reciente de España y se refleja en la historia dejando al desnudo la sustancia de la Constitución.
Ha fallado esto, la sustancia constitucional. Debía haberla otorgado la praxis del poder fungido durante cincuenta años. Baste citar que todos los períodos presidenciales concluyeron envueltos en escándalos de corrupción y baile de disfraces jurídicos. El molde parece haberlo creado justamente el partido socialista durante el primer lustro de 1990 y anteriores gobiernos encadenados. La resonancia fatua de hoy día retumba en los tambores de estas décadas. Y si proyectamos los redobles sobre los Pirineos y el estrecho de Gibraltar, océanos y mares, con la deuda pública acumulada –más de un billón y medio de euros– e intereses respectivos, el farol plurinacional apenas previene el naufragio.
Los independentistas no quieren federalismo; en todo caso, una confederación que, reticentes, les permita, como al Gobierno, ganar tiempo y avanzar un poco más en el objetivo ansiado. Entre otras razones, porque hay bastantes clases de federalismo, como de repúblicas, y su determinación concreta abriría otro período dilatado de controversia y antagonismos. El federalismo presupone una cohesión de Estado con atribuciones y competencias también insustituibles, como las que hay ahora mismo. Y esto enfría los ardores sectarios. Por eso Cataluña tiene en mente la organización asimétrica de Canadá, que otorga a la provincia de Quebec un estatus especial –“opting out”–. Tiene derecho a sustituir con normativa propia la estatal parlamentaria. Es fórmula que también se practica en algunos estados de la Unión Europea al permitir ciertas exenciones legislativas comunitarias, especialmente fiscales. como en Dinamarca, Irlanda, Polonia o Inglaterra, cuando estaba integrada a Europa. Pero Quebec triplica la extensión de España y tanto Cataluña como el País Vasco no tuvieron ni tienen rango nacional histórico como los países citados. Hacen valer fueros cuyas raíces mantienen su privilegio en la estructura estatal que ya forman y los entraña.
Ortega advirtió la “terrible cuestión” que establece en España la diferencia entre autonomismo y federalismo. Los estatutos federales de las comunidades citadas pretenden soberanía propia, “lo cual en un Estado, durante siglos unitario, sería una absoluta regresión”, comenta el célebre escritor español. Añadamos que los regímenes y repúblicas europeas, federadas o no, surgieron cabalmente con políticas departamentales y agrupaciones constitucionales para unificar lo disperso o confrontado. Así fueron los casos de Francia al coronar emperador a Napoleón en 1804 o establecer la Unión Francesa en 1946 con la IV República, al unificarse Italia entre 1848 y 1861 y Alemania en 1871 y 1990, tras el derribo del muro de Berlín en 1989. Por el contrario, el autonomismo induce, según Ortega, “un horizonte infinito de libertad y de holgura de movimiento”. Por eso contrapone este filósofo las dos fórmulas en un epígrafe lapidario al considerar algunos puntos de lo que fuera la Agrupación al Servicio de la República, fundada en 1931 por él, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala: “Autonomía máxima. No federalismo”. Son afirmaciones, estas y otras semejantes, de sobra conocidas entre lectores e intérpretes del pensador asimismo europeísta. Las refiere al contexto decimonónico y primer tercio avanzado del siglo XX, pero recaban nuestra atención de nuevo.
El anclaje autonómico es aún frágil en España. No se diferencia del provincianismo en bastantes comunidades. Arrastra vestigios de épocas anteriores en formas y modos de actuación no acordes con el rango de Estado que tienen y representan. El autonomismo ha originado circuitos endógenos que forman estructuras sociales inducidas, como “dóciles”, por entidades económicas, mediáticas, comerciales, industriales, sanitarias –lobbies médicos y farmacéuticos–, etc., multinacionales e internacionales. Esto nos convierte en sujetos de derecho cívico mermado. En realidad, las autonomías resultaron “café para todos”, como se dijo en principio, y el trasfondo soberanista era más ruido de tránsito y acomodo de grupos con olfato político y económico que social clamor secesionista. Tanto el contorno de fronteras como la expansión mediática, pronto convertida en global, la dimensión del territorio, o la interrelación de provincias, próximas unas de otras con holgura comunicativa, no avalan un ejemplar máximo autonómico ni taifas con espejismo de estados. Más bien, las autonomías devienen sofisticadas mini-super-estructuras de poder social y réplicas administrativas. La pretensión de algunas solo consigue convertir a sus capitales en ferias o parques temáticos.
Presuponer, pues, una disensión histórica profunda en España con un federalismo republicano y plurinacional, de tinte sociocomunista, va en sentido inverso a la constitución democrática de los estados modernos europeos o a la pervivencia de los centenarios, como el español, inglés y los países nórdicos. Tal insistencia no tiene sentido en la configuración geopolítica de España. No la aceptará Cataluña con ese atributo ideológico, aunque le conviene el marco de la propuesta. El País Vasco va hacia ella paso a paso. En Galicia subsiste una experiencia marítima y emigrante que da la vuelta al mundo. Tiene otro sentido de la política. Y el resto de España es una incógnita, a pesar del gorgoteo madrileño. La vigente incertidumbre constitucional nos impide, por otra parte, ocupar el nivel y rango que nos corresponde en la Unión de Europa. Retrae al mismo tiempo la imagen creada históricamente en América y gran parte de Oriente, sin atención con perfil internacional al continente más próximo, el africano. Oscilamos según la resonancia extranjera. Algo impropio de una monarquía parlamentaria.