El juez Santiago Pedraz investiga a 34 personas físicas y 49 jurídicas por la trama de fraude del IVA de hidrocarburos en cuya "cúspide" se sitúan el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y el empresario Claudio Rivas, quienes ingresaron en prisión en octubre por estos hechos y hace pocos meses quedaron en libertad provisional.
Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso EFE y que fue admitida en su integridad por el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, los investigados conformaban una "organización criminal" con "elementos integrados en España y Portugal", cuya finalidad era cometer "delitos de defraudación del IVA y blanqueo de capitales".
La Fiscalía calcula que la posible cuota defraudada del IVA entre los ejercicios 2022 y 2024 ascendería a 182.513.923, 15 euros.
La red, prosigue Anticorrupción, operaba con "plurales" sociedades instrumentales -de ahí la elevada cantidad de empresas investigadas- "con diferentes domicilios sociales distribuidos estratégicamente por España".
Tanto Aldama como Rivas son ubicados por parte de la Guardia Civil en la "cúspide" de la dirección de la trama, estrechamente vinculada a su papel como figuras "imprescindibles" para su funcionamiento. Según el informe de la Unidad Central Operativa, ambos ejercían las labores de "logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria".
La Unidad Central Operativa (UCO) sospecha que la trama trató de blanquear sus beneficios en el extranjeros y llegó a transferir casi 74 millones de euros de origen delictivo a Portugal, China y Colombia.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desvió beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Primero se descubrió que los fondos acababan en Portugal, pero más tarde se han recabado indicios que permiten inferir que la red tendría capacidad para "colocar los rendimientos" en otros territorios como China, Macao, Dubai, Colombia y República Dominicana.
En su informe, la UCO explica que Aldama y Rivas habrían interpuesto empresas suministradoras en la compleja operativa que sirviesen "de canal de blanqueo para transferir, desde sus cuentas, fondos de procedencia delictiva a empresas que radican en el extranjero".
Desde mayo hasta febrero de 2024, los investigadores creen que transfirieron 73.902.852,60 euros a Portugal, China y Colombia, mediante transferencias "amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramientos, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama".
Los investigadores creen que Aldama y Claudio Rivas "son los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa perfeccionadora del fraude"; es decir, serían " imprescindibles para el funcionamiento de la organización criminal investigada".
Conclusión a la que llega la UCO debido a la capacidad económica, vinculaciones empresariales, contactos y conocimientos de ambos del sector, así como el control ejercido.
"Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa", señalan los agentes.
Apuntan a que, "como máximos dirigentes de la estructura empresarial", controlaban y dirigían la interposición de testaferros, y destacan que Claudio Rivas usó vehículos de alta gama propiedad de empresas de Aldama, "con valores superiores a los 130.000 euros".