El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado el contenido de este anteproyecto con el que el Ejecutivo pretende modificar de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.
La reforma tiene cinco prioridades: promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal; buscar la excelencia y adecuar los sistemas de acceso en la carrera judicial al siglo XXI; ampliar el número de personas que forman parte tanto de la carrera judicial como de la carrera fiscal; garantizar el desarrollo de una promoción profesional plena; y reforzar la transparencia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado ya a la iniciativa del Ejecutivo. Lo ha hecho en la red social X en estos términos: "Imponen otra reforma de profundo calado para seguir maniobrando contra la independencia judicial y la separación de poderes. Pasito a pasito de manera inexorable hasta que nada quede libre".
Según informa El País, el Gobierno busca garantizar la “pluralidad” de la comisión de ética judicial y de las salas de gobierno de los tribunales para evitar que dichos órganos sean copados por determinadas asociaciones judiciales como es el caso de la APM, mayoritaria y conservadora.
Con la reforma de la ley, el Ejecutivo plantea cambios en la composición de dichos órganos para que pasen a estar formadas por nueve miembros: cinco elegidos por la carrera judicial y cuatro no judiciales elegidos por el Congreso.