La Fiscalía investiga cómo se financió la campaña para la reelección de Uribe

La pesquisa fue solicitada por el Partido Liberal Colombiano (PLC), que conforma junto al izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) la oposición a Uribe, que en mayo de 2006 obtuvo un segundo mandato de cuatro años, hasta 2010. En un comunicado divulgado en Bogotá, la Procuraduría General explicó que el secretario general del PLC, José Noé Ríos, pidió al órgano de control de los funcionarios estatales que investigue las "varias irregularidades" en el movimiento que promueve el referendo.

La campaña en favor de este mecanismo democrático fue realizada por el Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), conformado en 2005 para impulsar la reelección de Uribe. La formación política reunió casi cuatro millones de firmas de ciudadanos favorables a una tercera elección de Uribe, por la vía del referendo.

Con esta iniciativa, que es gestionada por el Legislativo, se busca reformar el artículo de la Constitución que solo permite la reelección del jefe del Estado por una sola vez. La enmienda a la Carta Magna de 1991 fue promovida por los mismos seguidores de Uribe, disidente liberal que mantiene una popularidad cercana al 80 por ciento.

El secretario del PLC advirtió que los promotores del referendo han omitido informar asuntos como el de "quiénes son las personas naturales y jurídicas que han hecho donaciones para promover la recolección de las firmas requeridas". Asimismo, continuó Ríos, es necesario identificar a las personas naturales o jurídicas que concedieron créditos para financiar esta campaña, cuyos gastos fueron superiores a los 2.000 millones de pesos (864.035 dólares), más allá de los topes legales.

El ex ministro y ex diplomático Luis Guillermo Giraldo, secretario general del Partido de la U, no ha detallado las aportaciones a esta iniciativa y se ha limitado a decir que provienen de particulares y de algunos créditos. Entre las aportaciones está la movilización de los folios con millones de firmas, que fue donado por Transval, transportadora de valores del grupo empresarial DMG. Este grupo fue fundado por David Murcia Guzmán, detenido en Panamá y deportado la semana pasada a Colombia tras la intervención de este emporio comercializador y financiero.

Ríos observó que esta colaboración no aparece registrada en los archivos del comité promotor de este referendo, cuyas presuntas irregularidades también preocupan a la Organización Electoral, conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el comunicado, el procurador general, Edgardo Maya, precisó que la investigación tendrá como partida una visita al CNE, organismo que "tiene la obligación de verificar las cuentas de ingresos utilizados en un típico proceso de participación ciudadana, como el referendo".

El proyecto de convocatoria de un referendo está en manos del comité de asuntos constitucionales de la Cámara de Representantes, que hace ocho días pidió a la Organización Electoral que explique asuntos como el de la manera como se financió la campaña de firmas.