No entiendo cómo se puede estar debatiendo un asunto más claro que el agua antigua de Lozoya. Por necesitados que estén los que fuerzan un piso y se instalan en él, comenten un delito sin veladuras. Los políticos discuten sobre este asunto porque un sector de la extrema izquierda, siempre a favor de emborronar el orden social reinante, tratan de justificarlo con sofismas insólitos. Las víctimas de la ocupación de pisos están que trinan. En un Estado de Derecho lo menos que puede exigirse es el respeto a la propiedad privada y la garantía de que no se invadan impunemente las viviendas.
El 82 por ciento de los ciudadanos se manifiestan en contra de los okupas, según una encuesta científicamente bien elaborada por GAD3. Socialistas y populares coinciden en una cuestión de sentido común que exige un respaldo legal para que la policía o la Guardia Civil puedan desalojar en 24 horas a aquellos que fuerzan un piso y se adueñan de él, arrollando los derechos de su propietario.
Nada tiene que ver esta cuestión con los pisos turísticos. Tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno nacional deben regular conforme a las exigencias del bien común el presunto abuso de los pisos turísticos. Esa es una cuestión lógicamente a debate que tiene interpretaciones varias e innegables fisuras.
De lo que se trata ahora es de resolver el abuso de los okupas completando una legislación que impida a los delincuentes permanecer en las casas violentadas sin que la fuerza pública pueda intervenir para expelerles del abuso cometido. Más del 80 por ciento de ciudadanas y ciudadanos claman porque los políticos resuelvan de forma inmediata y contundente la cuestión. Nadie quiere vivir en la zozobra de, a la vuelta del trabajo, encontrarse con su casa okupada generalmente por gentes desaprensivas que lo violentan todo.