Durante la preparación de la Constitución de 1978, estuvo redactado este artículo que rechazó de plano Adolfo Suárez: “Ningún partido político, ninguna central sindical, podrán gastar un céntimo más de lo que ingresen por las cuotas de sus afiliados”. El tiempo ha convertido a los partidos políticos en agencias de colocación y además de los ingresos a través de las cuotas de sus afiliados y otras prebendas, el Gobierno les concede copiosas subvenciones que escandalizan a muchos, pero que todos callan.
El Consejo de Ministros, según informa Paola Andrea en Estrella Digital, ha acordado repartir 52.704.140 euros a los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso de los Diputados. Y estas son las cifras del escándalo. El Partido Popular recibe 18.883.685 euros; el Partido Socialista Obrero Español 14.830.982; Vox, 6.154.183; Sumar, 6.036.133; el PSC, 2.750.645; Esquerra Republicana de Catalunya, 1.037.016; Junts, 933.156; Bildu, 794.242; el Partido Nacionalista Vasco, 658.947; el BNG, 276.767; Coalición Canaria, 221.399 y Unión del Pueblo Navarro, 126.978.
Y las españolas y los españoles a pagar a través de unos impuestos casi confiscatorios, aparte de soportar una dictadura burocrática que a todos agobia. En 1980 había 700.000 empleados públicos y ahora más de 3.500.000. Casi todos los empleados públicos que sobran se dedican, para justificar sus sueldos, a crear trabas burocráticas que perjudican a la ciudadanía y echan arena sobre la maquinaria del Estado. Parece claro que ningún grupo se atreverá a denunciar el escándalo que supone la financiación de los partidos políticos decidida por ellos mismos.