El Gobierno ha aprobado el reparto de 4.500 menas llegados a Canarias por todas las Comunidades con la excepción de Cataluña y el País Vasco, como si estas dos Autonomías no formaran parte de España. Sin duda, se trata de una decisión asimétrica e injusta que rompe los principios de igualdad y solidaridad por un motivo archiconocido y recurrente: la dependencia del Gobierno de los escaños del PNV, Junts y ERC, partidos nacionalistas e independentistas que como tales son xenófobos o, mejor, racistas.
Se trata de otro ejemplo de las nefastas consecuencias de la dependencia del Gobierno de sus socios de legislatura para que Pedro Sánchez permanezca en La Moncloa hasta 2027. Pues, además de culminar el asalto a la Justicia para zafarse de los casos de corrupción que le acechan, además de desguazar la Constitución, va a permitir que el País Vasco y, en especial, Cataluña se acerquen peligrosamente a la independencia total. Como decíamos en nuestro último editorial, las exigencias de Puigdemont de asumir las políticas de inmigración y, por ende, del control de fronteras junto con la soberanía fiscal ya desbaratan en buena medida la unidad de España. Mientras, el País Vasco controla otra competencia del Estado como las Instituciones penitenciarias y, a la chita callando, libera sin cesar a los asesinos etarras a su antojo. Y en ambas Autonomías, en la educación y en la propia Administración, el idioma español está arrinconado por el euskera y el catalán, saltándose también la Constitución.
Y, así, sin más explicaciones, sin siquiera intentar consensuar la medida con el PP, el Gobierno ha decidido que Cataluña y el País Vasco queden fuera del “reparto solidario” que el Gobierno de España y el de Canarias (gobernado por el PP) están ultimando para aliviar la situación de emergencia que vive el archipiélago. A través de un mecanismo legislativo "extraordinario y puntual", mediante una proposición de ley o un real-decreto, el Ejecutivo repartirá por las autonomías más de 4.500 menores no acompañados. Y, así, Sánchez se plegará a las exigencias de los partidos que sostienen su Gobierno, unos partidos que, por cierto, son racistas, pero no progresistas.