El Gobierno se empeña en que la investigación al fiscal general del Estado sobre la filtración de los correos de los abogados del novio de Ayuso obedece a una suerte de complot político azuzado por la ultraderecha. Pero es el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, quien en su investigación, primero dictó un auto que confirmaba que "hay una base indiciaria para presumir la relevante participación" de García Ortiz en la filtración de ese correo, una afirmación a la que llega tras ser advertido por la UCO en un informe de su "participación preeminente" en los hechos. Por eso, sospecha que "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos".
Ahora, la UCO ha denunciado en un nuevo informe al magistrado Ángel Hurtado que el fiscal general del Estado borró todos sus mensajes de Whatsapp hasta en dos ocasiones el 16 de octubre, el día en el que el juez abrió la investigación.
El fiscal general sostuvo que los borraba regularmente porque el contenido en sus teléfonos móviles alberga información que puede afectar a la seguridad del país. Pero, según recoge el informe de la Guardia Civil "esa falta de mensajes se debe fundamentalmente al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre".
Los investigadores consideran que el trajín del fiscal con su móvil supone un indicio más que suficiente como para sospechar que García Ortiz borró el contenido de su teléfono porque podría perjudicarle en la causa sobre su presunta revelación de secretos. De algún modo, el Tribunal Supremo está poniendo contra las cuerdas al fiscal general del Estado por sus contradicciones y por las pruebas que está aportando la Guardia Civil en su investigación. El cerco cada vez se estrecha más y todo indica que el magistrado se encuentra a un paso de demostrar la responsabilidad de García Ortiz en la maniobra de la filtración de los correos ya sea directa o indirectamente.
Aún así, el fiscal general del Estado se aferra al cargo alentado, quizás obligado, por el propio presidente del Gobierno. Todo antes de dimitir, a pesar de que la mayoría de las Asociaciones de Fiscales ya ha denunciado el escándalo de que Álvaro García Ortiz se encuentre al borde de ser condenado por haber cometido, todavía presuntamente, un delito.