El Gobierno y las otras administraciones, corruptelas aparte, tienen que pagar a 3.500.000 empleados públicos, subvencionar incontables chiringuitos generalmente electoreros, sufragar las pérdidas de millares de empresas públicas, en gran parte innecesarias, amén de asesores y colaboradores sin número. Por eso los impuestos crecen como la espuma y los españolitos que trabajan se ven obligados a pagar a Hacienda, directa o indirectamente, más del 60% de su esfuerzo. Terrible.
Entre enero y noviembre del año 2024, la recaudación superó los 273.000 millones de euros, lo que con relación al año 2019 supone un incremento del 38,4%. La voracidad sanchista carece de límites y se dispone ahora, por humillar a Yolanda Díaz, adueñarse de un porcentaje sustancial de la crecida del salario mínimo.
Las retenciones por trabajo y actividad profesional alcanzan el 75% de los ingresos directos que enriquecen a Hacienda. La fiscalidad sanchista se muestra implacable. Nada importa al presidente del Gobierno con tal de enriquecer a Hacienda. El gasto público desaforado, los incontables viajes gratis total de sus colaboradores, la suntuosidad que les rodea en sus actividades se ha disparado. No pagan ellos. Pagan los contribuyentes, asfixiados por unos impuestos casi confiscatorios. El sanchismo no vacila en exprimir el limón ciudadano y cuando se agota el zumo, la Administración sanchista mantiene el gasto a costa de la deuda pública, que engorda sin cesar y ha superado ya el billón seiscientos mil millones de euros.
Por el momento, el pueblo español aguanta. Pero no dócilmente. Cada semana se remueven más asociaciones, más empresas, más instituciones cercanas al estallido social, hartas todas de financiar a una clase política insaciable que vive suntuariamente a costa de los que trabajan. Mal asunto. La presión fiscal tiene un límite y en cualquier momento se puede producir un estallido popular contra la dictadura burocrática y el saqueo inacabable.