Álvaro García Ortiz se está defendiendo con eficacia desde la exigencia que supone su extensa experiencia en el mundo judicial. No son pocas las cuestiones que ha abordado con aliento de sinceridad. Afirmar lo contrario sería negarse a la evidencia. El fiscal general está llevando a cabo su defensa con moderación e inteligencia.
Existe un punto, sin embargo, que raspa en la opinión pública y deja perplejos a sus compañeros. “Si no hay nada que esconder, mejor entregarlo al juez”, han declarado varios fiscales independientes que están lejos de la animadversión o del sectarismo. Puesta en marcha una operación que afecta al fiscal general, parece razonable que de contar su móvil con algún mensaje favorable a lo que se está tratando, se mantenga intacto y se proporcione al juez su contenido. Borrar los mensajes constituye una acusación inevitable. Si el móvil contuviera comunicaciones favorables, se habrían preservado para conocimiento del juez. Si, por el contrario, estuvieran grabados mensajes comprometedores para el fiscal, entonces se comprende el borrado. Se comprende, pero no se justifica. El borrado constituye una acusación manifiesta, aunque tal vez el fiscal considere que de mantenerse vivos esos mensajes resultarán una acusación insalvable.
El desconocimiento de su contenido hace que jueces, expertos y periodistas se muevan en la incertidumbre y la especulación. Las sospechas no son más que sospechas, si bien los expertos en digitalización tal vez puedan rescatar de la oscuridad el contenido de esos mensajes o deducir su contenido de los teléfonos de quienes han recibido comunicación del fiscal general o de los que han dirigido a García Ortiz datos comprometedores
Duro trabajo para jueces y magistrados. Estamos ante un caso insólito que exige rigor y prudencia para resolverlo como garantía de la independencia judicial y del rigor científico y jurídico de la investigación.