De los 700.000 empleados públicos de 1979 se ha pasado a una cantidad que supera los 3.500.000. Para justificar sus salarios muchos de los funcionarios innecesarios se inventan trabas burocráticas que agobian a la ciudadanía. El crecimiento de empleados públicos no solo no ha mejorado a las Administraciones, sino que las ha empeorado con infinidad de exigencias que nutren un papeleo inagotable.
En The Objective, Enrique Morales afirma que la nómina de altos cargos y asesores, sin incluir gastos marginales, ha superado los 147 millones de euros, es decir, casi el 50% más de lo que se pagaba por este concepto cuando en 2018 Pedro Sánchez arribó al poder, a través de una moción de censura, que algunos pretenden disparar ahora contra el dirigente del PSOE:
Nada menos que 1.717 asesores del Gobierno se contabilizaron en 2024, es decir, 375 más de los que presenta la estadística oficial. Solo el pago, a costa de los impuestos casi confiscatorios con que se oprime a los ciudadanos, de cuotas y prestaciones sociales de los empleados públicos significó en 2024 cerca de los 4.000 millones de euros.
Los cargos elegidos a dedo, por cierto, se han multiplicado exponencialmente, robusteciendo la tela de araña de una burocracia insufrible. Los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación y se cuentan por millares las mujeres y los hombres que, al concluir el bachillerato, en lugar de incorporarse a la Universidad para estudiar derecho, medicina o periodismo, eligen incorporarse a un partido político y medrar en él para afianzare en poco tiempo con un sueldo suculento y una comodidad incomparable. Fue Margaret Thatcher, el primer personaje político de envergadura, que denunció el peligroso camino emprendido en Europa hacia las dictaduras burocráticas. España se encuentra entre los alfiles más significativos de la nueva realidad agobiadora.