Como ya ocurrió hace nueve meses, cuando el Gobierno retiró esta reforma por falta de apoyos, los partidos a la izquierda y a la derecha del PSOE se han mostrado en contra de la iniciativa, que ha obtenido 126 votos a favor (PSOE, PNV y CC), 186 en contra (PP, Sumar, ERC, Junts, Bildu y Podemos) y 34 abstenciones (Vox y BNG).
Sumar ha dicho que la propuesta de su socio de gobierno es un "copia y pega" del anteproyecto de ley que aprobó en 2018 el 'popular' Mariano Rajoy, y lo ha vinculado a la "corrupción" y la "especulación urbanística".
"Es un texto para aquellos que creen que el sistema funciona y que el de la vivienda es un problema de burocracia y de aplicación de los planes urbanísticos", ha criticado el portavoz de vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez.
El PP, cuya abstención hubiera bastado para que la iniciativa comenzara a tramitarse, ha sostenido que se trata de una "mala copia" de su proyecto de 2018 y que "no está a la altura" de la que ellos han registrado en el Senado y esperan aprobar en breve.
"La nuestra es fruto de hablar con expertos y con las comunidades autónomas y es un plan integral que reforma seis leyes, la suya es pura fachada", ha subrayado el 'popular' Miguel Ángel Sastre.
La proponente del texto y diputada del PNV Maribel Vaquero ha asegurado haber leído "detenidamente" la propuesta del PP y ha sostenido que "en lo relativo a la ley del suelo su planteamiento es muy similar, incluso con una redacción idéntica en algunos párrafos", por lo que ha atribuido su posición en contra al "oportunismo político".
Vaquero también ha criticado la posición "insultante" y "demagógica" de Sumar, que, a su juicio, "pone en duda la labor y la legalidad de alcaldes y concejales".
La reforma de la ley del suelo pactada hace meses por el PSOE y el PNV pretende que los planeamientos urbanísticos no se puedan anular en los tribunales por un defecto formal o de procedimiento, después de una compleja tramitación que dura entre ocho y doce años.
En la misma línea, la socialista Rafaela Romero ha exigido a Sumar "respeto" a los más de 60.000 concejales y alcaldes españoles y les ha dicho que "basta ya de unir al poder municipal con la especulación" desde su "superioridad moral".
Durante un debate en el que la representante de Coalición Canaria Cristina Valido ha llamado a los partidos a "abandonar las trincheras" para que esta reforma se tramite, Vox ha abierto la puerta a la abstención: "Bienvenidas sean las mejoras técnicas y la seguridad jurídica", ha proclamado su portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero.
Éste ha advertido, no obstante, de que "esta reforma puede ser inane y estéril si no va acompañada de otras reformas, como abrir de una vez por todas el melón de la densidad, que es clave para canalizar el empuje demográfico a las grandes ciudades".
También EH Bildu ha considerado "razonable" la invitación a apoyar la tramitación de esta propuesta y mejorarla en el proceso de enmiendas, pero no lo ha hecho porque considera que la "piedra angular" de la reforma de la ley del suelo debería ser la modificación del artículo 18, según el cual la administración pública solo se puede quedar entre un 5 % y un 15 % del suelo en las recalificaciones.
Por parte, ERC se ha mostrado partidaria de "agilizar" los trámites urbanísticos, "pero de forma seria, no rebajando las garantías ciudadanas", ha apuntado Etna Estrems, que se ha quejado de no haber recibido "una sola llamada" para negociar.
Desde Junts, Marta Madrenas ha recordado que su grupo nunca apoyará que el Estado legisle sobre lo que es una "competencia exclusiva" de Cataluña.
Se trata del mismo argumento que empleó el año pasado cuando registró -como también ERC y Podemos- una enmienda a la totalidad del texto que finalmente retiró el Gobierno y que es casi idéntico al presentado hoy por el PNV, que según fuentes socialistas ha "decidido" someterlo a debate sin haber "hablado" con ellos.