El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes la delegación "integral" de la gestión de la inmigración a Cataluña porque se trata de "una competencia que normalmente ejercen los estados", y ha avanzado que, una vez asumidas, Cataluña "estará mucho más preparada para su futuro como nación".
Sin embargo, Puigdemont ha resaltado que todavía quedan varias carpetas por negociar y que todavía es demasiado pronto para hablar de una negociación para los Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto al estado de las relaciones de Junts en su pacto con el Gobierno, ha resaltado que "la desconfianza ha disminuido", motivo por el cual han retirado la cuestión de confianza al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha reaccionado "tarde, pero bien".
"Es un punto de cumplimiento de lo que hacía mucho tiempo que estaba acordado (...) y, por tanto, no cambia nada, simplemente pone al día una carpeta que estaba en números rojos. Pero hay otras carpetas y están en números rojos", ha advertido.
A pesar del acuerdo sobre la inmigración, Puigdemont ha señalado que la confianza con el PSOE "no está restaurada del todo", aunque se hayan dado "pasos importantes en esta dirección".
En cualquier caso, para el líder de JxCat es "muy atrevido" hablar de los Presupuestos Generales del Estado: "Nosotros no mezclamos las cosas", ha advertido.
El PSOE y JxCat han registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica para la Delegación de competencias en materia de Inmigración, que contempla que los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos en cooperación con la Policía y la Guardia Civil, en tanto que la Generalitat tendrá la competencia integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de las devoluciones de extranjeros.
En una rueda de prensa en la sede de JxCat, en la que ha intervenido telemáticamente, Puigdemont ha advertido de que la asunción de estas competencias "no será fácil ni rápida" porque requiere traspasos de personal, económicos y de bienes.
Puigdemont ha asegurado que, seis meses después de la entrada en vigor de la ley, Cataluña tendrá "que empezar a actuar", por lo que ha apostado por "aprovechar el tiempo" hasta entonces.