Si no recordamos mal, cuando Sánchez se empeñó en retener la presidencia del Gobierno, hace año y medio largo, con una mayoría parlamentaria ajustada, merced al apoyo de la extrema izquierda y de los separatistas de todo pelaje, Feijóo le advirtió que no buscara su apoyo cuando, en determinadas cuestiones, le fallaran sus “aliados” y necesitara sus votos en el Congreso.
Con independencia de lo que ya haya sucedido en los meses ya transcurridos de esta insólita legislatura, surge ahora una situación en la que todo parece indicar que pueden producirse exactamente las circunstancias sobre las que Feijóo expresó su advertencia y sobre asunto de gran importancia actual. El Presidente Sánchez se ha comprometido en el Consejo Europeo de la Unión a acelerar la elevación del gasto en defensa y ha podido ser él precisamente uno de los impulsores de que esa medida se lleve a cabo en la parte que a cada Estado de la Unión corresponda. Ha dado la impresión así de que representa a un Gobierno sólidamente asentado en España, capaz de sacar adelante por sí mismo tan trascendental medida.
Cualquiera que sea la valoración que pueda hacerse de la reacción que está teniendo la Unión Europea ante el problema de la guerra de Rusia con Ucrania, las ambiguas declaraciones del Presidente americano y el temor de futuras agresiones militares en Europa, lo cierto es, sin embargo, que el Gobierno de Sánchez -y su consiguiente respaldo democrático- está evidenciando carecer de una postura verdaderamente común o compartida ante las decisiones que está tomando la Unión y el compromiso adquirido por el Presidente Sánchez. Los posicionamientos expresados en los últimos días por parte de varios de los hasta ahora sustentadores del Gobierno actual indican bastante claramente que este no cuenta con el respaldo parlamentario y, en consecuencia, democrático, imprescindible para poder cumplir los compromisos de su Presidente en Bruselas. Comienza a apelarse, en consecuencia, a la “responsabilidad” del PP, para hacerlo posible, apoyando las medidas legislativas necesarias, que, como ya se apunta, tomarán, una vez más, la escasamente democrática forma del Decreto-ley, en la que el voto parlamentario -solo del Congreso, sin intervención alguna del Senado- no puede ser más que globalmente sí, no o abstención.
El PP puede estar muy de acuerdo con lo comprometido al respecto por Sánchez en la Unión, pero su verdadera responsabilidad en esta hora es negarse a respaldar las medidas que Sánchez haya de llevar a las Cortes para cumplirlo, mientras este no reconozca la incapacidad e insolvencia de su Gobierno para comprometerse en Europa y, en consecuencia, acepte expresamente proceder de inmediato a la disolución de las Cámaras convocando nuevas elecciones legislativas. El PP no puede lavar la cara de este Gobierno insolvente, ni ante Europa, ni ante la población misma de España. Es la hora de que Feijóo sea enteramente consecuentemente con lo que dijo en su día en el Congreso y que recordábamos al inicio de estas líneas. No es de recibo que Sánchez blasone de capacidad de acción en la Unión, cuando en realidad no cuenta para ello con el respaldo democrático que en la Europa democrática es imprescindible para todo liderazgo político. Es inadmisible que, ante la falta de consistencia democrática en que se funda su poder y el de su Gobierno, recurra in extremis a buscar el apoyo de quienes constantemente está vejando e ignorando, bastante más allá de lo que acostumbran las costumbres parlamentarias, invocando demagógicamente la necesidad de una “responsabilidad de Estado”.
La primera “responsabilidad de Estado” le es exigible al Presidente de Gobierno, que, si carece de apoyo parlamentario para sacar adelante objetivos, compromisos, necesidades esenciales del gobierno, debe tratar de obtenerlo de manera estable y fiable, modificando las alianzas parlamentarias si es capaz de ello, y, si no, cumpliendo su deber de llamar a las urnas, para que sea el pueblo quien diga cómo debe constituirse el Gobierno.
Ya viene incumpliendo el Gobierno el claro mandato contenido en el art. 134 de la Constitución que exige la aprobación anual por las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Seguimos con los Presupuestos para el año 2023 prorrogados para 2024 y para 2025. Sánchez tendría que haber dimitido o convocado elecciones ya solo por esto.
El PP, cualquiera que sea la importancia que otorgue al incremento del gasto en defensa y al cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea, debe negarse a dar su apoyo a medida legislativa alguna con la que Sánchez trate de llevarlo a cabo, salvo que el actual Presidente acepte públicamente convocar elecciones generales dentro de la semana siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acto correspondiente del Congreso que salga adelante con el voto del PP. En la propia sesión del Congreso en la que se proceda a la votación del acto legislativo correspondiente, el Presidente debe pedir expresamente el voto del PP a ese acto, indicando que, si lo otorga, procederá de inmediato a la disolución de las actuales Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones, dentro de la semana siguiente a la publicación del acto que se apruebe, como decíamos, en el Boletín Oficial del Estado. Si, para algo de la importancia de lo que se trata, sólo el apoyo del PP -con su sí o su abstención- otorgaría a Sánchez la suficiente legitimidad democrática para haber adoptado y hacer cumplir los compromisos adquiridos en nombre de España en la Unión, el PP, que fue además la fuerza política ampliamente más votada en las elecciones de 2023, está plenamente legitimado para condicionar cualquier respuesta parlamentaria que pueda permitir superar para el caso la falta de respaldo democrático del Gobierno, con el compromiso en firme del Presidente de poner nuevamente en manos del electorado la suerte de España.