Venezuela: Hacia un nuevo mapa político

En los últimos diez años se ha producido en Venezuela el desmantelamiento progresivo de las instancias de intermediación entre la Sociedad y el Estado. Esto ha dado paso a una estructura socio- política dentro de la cual los mecanismos de legitimación de las decisiones públicas se encuentran asociados con la construcción de apoyos mayoritarios que se producen por vía electoral o mediante la aclamación masiva del líder por una masa desestructurada de seguidores que se reúnen en la plaza pública cada vez que son convocados desde las instancias del poder. La democracia venezolana tiene un carácter plebiscitario que la aleja de los presupuestos básicos que caracterizan a la democracia representativa. Así, nuestra democracia se encuentra fundamentada en la construcción de mayorías circunstanciales y móviles, a partir de las cuales se respaldan las iniciativas gubernamentales y el ejercicio mismo del poder, pero que dejan sin efecto los mecanismos de protección de las libertades y garantías individuales, la defensa de los derechos de las minorías y el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho.

Desde hace diez años los venezolanos vivimos un proceso de confrontación política que ha polarizado a la sociedad, estableciendo una línea que marca una clara separación entre quienes apoyan y quienes se oponen al proyecto político bolivariano. El proceso de construcción de la llamada democracia participativa ha implicado el establecimiento de una relación directa entre el líder y la masa. En este caso, el primero interpreta a la segunda, la estructura y la constituye en actor político. En este contexto la acción estatal intenta homogeneizar a la sociedad en función del ‘ideal revolucionario’; tras lo cual, el Estado de manera progresiva ha terminado invadiendo los ámbitos de actuación que son propios de la Sociedad e incluso el ámbito privado de los individuos, en lo que representa una ‘apropiación indebida’ tanto del espacio público como del privado.

En este contexto, deben entenderse los resultados del proceso de elecciones regionales que se llevó a cabo en el país el 23 de noviembre pasado. Lo que se encontraba en juego no era solamente la elección de 22 Gobernadores de Estado, de más de 300 alcaldes y de un número considerablemente alto de delegados a Consejos Legislativos Regionales y Concejalías locales. Mucho más que eso, nos encontrábamos en uno de nuestros frecuentes momentos de inflexión en el cual nos jugábamos, para decirlo de manera dramática, el contenido de nuestro particular proyecto socio- político y el futuro funcional del régimen de libertades. Un presupuesto crucial de la vida en democracia es que los mecanismos que permiten la construcción del ‘tejido ético colectivo’ deben ser imparciales. En esa medida, deben garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, su capacidad para actuar de manera autónoma en el espacio público, sus posibilidades para asociarse con los demás, para pensar de manera diferente, para manifestar sus preferencias religiosas, políticas y/ o sexuales, sin verse por ello sometidos a algún tipo de discriminación, ser perseguidos o descalificados.

En mi opinión, y en contraposición con lo anterior, el modelo de organización social que se nos propone desde el Gobierno es profundamente discriminatorio y excluyente. Más aún, se trata de una construcción hegemónica del hecho político, en la cual se intenta uniformar a la sociedad, reducir a la disidencia, descalificar las diferencias y establecer una perspectiva única de validación para el ejercicio del poder y para los modelos de convivencia ciudadana. Las elecciones regionales del 23 de noviembre representan, desde el punto de vista simbólico, el establecimiento de un ‘muro de contención’ para el proyecto hegemónico. Como resultado de un acuerdo unitario la oposición logró obtener resultados electorales favorables en 5 Gobernaciones de Estado que, por sus dimensiones e importancia, tienen carácter estratégico; además de haber alcanzado la mayoría en la Alcaldía Metropolitana y en un número nada despreciable de municipios.

Se ha establecido un nuevo mapa estratégico que implica la aparición de un actor político con suficiente musculatura electoral y legitimidad popular como para ser considerado como un interlocutor válido y respetable dentro del juego político nacional. Hemos transitado de una distribución del poder en la cual el oficialismo dominaba casi la totalidad de las instancias de decisión a una en el cual la oposición tiene alguna capacidad de juego. Esto último entendido como capacidad para establecer acuerdos y garantizar su cumplimiento, para exigir el acatamiento de las leyes y reglamentos, para participar en procesos de toma e implementación de decisiones, etc. Lo anterior no significa, ¡esto debe quedar suficientemente claro!, que nos encontremos al inicio del fin del gobierno de Hugo Chávez. En principio, se debe señalar que, en mi criterio, cualquier salida de la situación política nacional debe tener un carácter electoral. En segundo término, es necesario reconocer que el Presidente ha logrado mantener un importante liderazgo y altos índices de aceptación en ciertos sectores de la población que respaldan de manera incondicional a su gobierno.

La oposición tiene por delante grandes responsabilidades: mantener una unidad organizacional y de propósitos de cara a la construcción de un proyecto político alternativo; establecer una construcción ideológica coherente y consistente con las demandas del momento histórico; reconocer las necesidades de las grandes mayorías y conectarse desde el punto de vista de la creación de un discurso articulado que incluya y les proporcione reconocimiento a los excluidos; evitar el triunfalismo; entre muchas otras cosas.

El futuro se juega en función de la capacidad de los actores políticos para colocarse en sintonía con el país. La materialización de los logros electorales solo será posible en la media en que se pueda trascender el ‘momento electoral’ para organizar el ejercicio de una gestión pública eficiente y honesta. Allí se juega la responsabilidad, la madurez y la capacidad de los diversos liderazgos para situarse, ‘a la altura de los tiempos’.