En Suiza, no se sabe si Zapatero y Cerdán, o ambos, se han reunido con una delegación de Junts para acordar el reparto de los migrantes menores que han llegado a Canarias. Puigdemont, pues, un prófugo de la Justicia por intentar dar un golpe de Estado, sigue gobernando España desde Waterloo. Y con la xenofobia que le caracteriza ha aceptado que Cataluña acoja a poco más de 20 jóvenes, que para él son ya demasiados. Sánchez ha “repartido” el resto cebándose con las Comunidades del PP. A Madrid, como a Andalucía, le han correspondido unos 800, a Valencia, 500; a Galicia, 300… Pero Ayuso ha querido devolver la pelota a Sánchez y ha decidido que los menores que manda Puigdemont a Madrid vayan a Fuenlabrada, el bastión del PSOE, uno de los pocos pueblos madrileños gobernados por los socialistas. Pero su alcalde se niega, se revuelve, rechaza una medida que podría dar al traste con su poltrona por el mero hecho de ser socialista, por pertenecer al partido que pacta con un racista catalán las políticas de inmigración.
Y esa es la única explicación al pacto para “repartir” menores por España como si fueran paquetes. Al pacto entre el PSOE y Junts que, en el fondo, sólo busca aprobar en el Congreso la Ley de Extranjería para que Cataluña asuma las competencias de inmigración y el control de las fronteras como si se tratara de un Estado independiente. Que en parte, y gracias a Sánchez, ya lo es. Lo grave e inaudito, además de cerrar un pacto del Gobierno español en Suiza y además de hacerlo con un racista y huido de la Justicia, es la descarada discriminación de la medida. Una discriminación que busca castigar al PP y, naturalmente, beneficiar a Cataluña.
Tampoco hay que pasar por alto la respuesta de la portavoz del Gobierno, desde la rueda de Prensa del Consejo de Ministros, a las críticas de Ayuso a este acuerdo. Según Pilar Alegría, el PP quiere romper España. No quiere romper España Pedro Sánchez con su deriva independentista para seguir en La Moncloa; tampoco Carles Puigdemont que todos los días quema la Constitución. Ahora resulta que es el PP por rechazar una medida discriminatoria y racista tomada en Suiza por un partido que tiene 7 escaños.
Y así, tal cual, ese acuerdo llegará a las páginas del BOE. Sin debates. Sin negociar con las Comunidades afectadas. Sin subvencionar y ayudar a las Autonomías que reciban a los menores. Lo ha decidido Puigdemont y no hay más que hablar. Sánchez toma nota de los deseos del golpista catalán y lo convierte en ley. Un ley que deben cumplir todos los gobiernos autonómicos, en especial los del PP. Y sin rechistar. Así actúa un “Gobierno progresista” por estar aliado con el partido más “facha” y racista de España. Así actúa Sánchez para mantenerse en La Moncloa con los 7 escaños de Junts.