Cuando presento a Luis Martín Rebollo ante el auditorio del curso de Retos y Desafíos, especialmente cuando le oigo desarrollar su conferencia, al lado de la Secretaria de Estado Clara Mapelli, sobre la función pública, no puedo menos de recordar que fue precisamente la lección de funcionarios la última que nos dio en nuestros tiempos de estudiantes el profesor Sebastián Martín Retortillo, en la Universidad de Valladolid, antes de dejar la Facultad de Derecho para ocupar la cátedra de la Universidad de Barcelona. Sería por el año 1966. Creo que en el relato del catedrático de la Universidad de Cantabria, bien lúcido, persisten dos huellas que nos impresionaron entonces: la importancia de la perspectiva histórica si se trata de entender las instituciones y una convicción que Martín Retortillo mantenía con cierta vehemencia, la de que la Administración es el Estado y no una empresa, y como tal, inseparable en su justificación del interés general y de los servicios que presta a los ciudadanos, sin acepción de personas y de acuerdo con parámetros de calidad y eficiencia técnica.
La atención a la historia de nuestra Administración debe entenderse como un camino que culmina en la Constitución de 1978 donde se atribuye a la Administración una posición, determinada por su orientación, esto es, imparcial y servicial, y la cualidad de sus integrantes, seleccionados por sus méritos y capacidades. Se trata además de una administración descentralizada como corresponde a nuestro sistema político, y especializada, propia del Estado social, operante sobre una realidad social en constante transformación. La perspectiva histórica, en la que destacan como jalones las cesantías del siglo XIX, la ley Maura de 1918 o el Estatuto municipal de la Dictadura, es capital en el estudio de la Administración, que ha conseguido su independencia del poder político, refractaria por tanto a alineaciones ideológicas o su consideración como botín en el que colocar afines, repartir favores o provocar desigualdades. Nuestra Administración constitucional está sujeta al principio de legalidad, es controlada jurisdiccionalmente, y responde políticamente ante el gobierno que la dirige según el artículo 97 de la Norma Fundamental.
Para el profesor Martín Rebollo cuatro serían los temas problemáticos de una ley de la Función Pública. Por lo que hace al ámbito personal y temático de la función publica, en primer lugar, hay que tener en cuenta la necesaria distinción entre el personal funcionario y el laboral , reparando en que hay tareas públicas no asumibles por quienes no son funcionarios, aunque haya situaciones peculiares en las que actúan abogados del estado no funcionarios; y que no sea infrecuente que el personal laboral corra con la seguridad o disponga de atribuciones públicas incisivas en los derechos de los ciudadanos.
En segundo lugar, se necesita determinar los criterios de la selección y formación de los funcionarios, optando por el concurso o la oposición o sistemas de algún modo mixtos o complementarios. Aspectos capitales, al respecto, resultan los temarios y el tipo de pruebas pertinentes, admitiendo la realización de ejercicios prácticos y la superación de pruebas psicológicas. Por no hablar, además, de la “selección de los seleccionadores”.
Finalmente otros dos capítulos son la intercambiabilidad y comunicación entre el sector público y el privado; y el apartado de retribuciones, admitiendo en su determinación el sueldo y los complementos de carrera y los de desempeño.
Con todo, en el funcionamiento de la Administración, debe apuntarse, juegan un importante papel factores que no pueden ser objeto de regulación normativa: así el decoro profesional del funcionario en el puesto de trabajo, háblese de la ética funcionarial weberiana si se quiere, y la importancia del ambiente o clima que se crea o se favorece.
La intervención, brillantísima, de la Secretaria de Estado de la Función pública fue seguida con un enorme interés por parte de los asistentes y se remitió de modo más concreto al proyecto de ley la Función Pública en la actualidad en tramitación parlamentaria. Para Clara Mapelli se trata más de una propuesta de mejora de la Función pública que del abordaje de su reforma global. La empresa de la reforma nos remite a un esfuerzo hercúleo y requiere de un autor mítico de la misma; mejor pensar en un proceso gradual de modificaciones que avancen en la racionalización de la organización que es la administración y su rendimiento eficiente. Esta ley, de otro lado, puede descansar en experiencias anteriores españolas como la CORA, pero no se entiende sin el contexto europeo en el que se inserta, esto es, la Red Europea de la Administración Pública.Tras los fondos de la Comisión Europea, los Estados concentran sus esfuerzos de mejora y accesibilidad de sus administraciones, construyendo modelos públicos meritocráticos y evolutivos, y estableciendo espacios transparentes y sujetos a control.
¿Cuál es el hilo director de la reforma? Debe partirse de que la legitimación de la Función Pública es la satisfacción del interés público en la verificación correcta de determinados servicios que la comunidad necesita. El objetivo es establecer una estructura en la que se llevan a efecto procesos de trabajo que producen determinados bienes y servicios (tareas) asignando las correspondientes disponibilidades de personal y recursos de trabajo, con la competencia necesaria para cumplimentarlos en los puestos adecuados.
El problema capital es, entonces, a partir de la identificación de tareas y de las capacidades para llevarlas a efecto, seleccionar adecuadamente las personas que las realizan.
La selección empleará criterios exclusivamente meritocráticos. Habrá entonces que repasar las ventajas y las deficiencias de los sistemas de la oposición o concurso y las pruebas, reparando en la perspectiva de la eficiencia, pero también en el costo personal y social de la selección. Se parte de la necesidad de evaluar correctamente la experiencia disponible, de modo que se optimice el paso por las escuelas y también la propia colaboración de la Universidad. La Secretaria de Estado estima en mucho el esfuerzo en la objetivación de los méritos y la valoración de los aspirantes llevada a cabo en las Fuerzas Armadas y las Academias de la Policía y Seguridad del Estado.Sin descartar que también puede encontrarse puntos de apoyo para el proceso selectivo en la experiencia de la Sanidad Pública (MIR).
La impresión que dejó el coloquio, especialmente en relación con estos aspectos de la exposición de la Secretaria de Estado, es que quizás no es todavía el momento de realizar un viraje en los criterios de organización y selección en el acceso a la función pública y que sería necesario darse un tiempo, e incluso abrirse a la experimentación o puesta a prueba en este sector capital, antes de consagrar definitivamente algún modelo incontrovertible al efecto.