En el borrador del real decreto al que ha tenido acceso EFE y que recibirá enmiendas de la comunidad educativa, el Ejecutivo avisa de que estas medidas "lógicamente afectan por igual a las nuevas propuestas para crear o reconocer una universidad y a las universidades que ya están en funcionamiento".
Además, recalca que serán vinculantes para la creación de un centro universitario los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), en el caso de una universidad de ámbito estatal, de la agencia de evaluación autonómica en caso de ámbito regional, y el de la Conferencia General de Política Universitaria, donde está presente el ministerio y las comunidades autónomas.
El decreto endurece los requerimientos de sostenibilidad económica del promotor de la universidad, con un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o instrumento legal similar, y señala además que la universidad deberá garantizar en el tercer año de actividad académica el alojamiento a estudiantes equivalente al 10 % de las plazas de enseñanzas de grado y que lo podrá hacer a través de convenios con fundaciones y empresas.
Por otra parte, la universidad deberá captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2 % de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años y en caso de incumplimiento y tras un primer apercibimiento si transcurridos otros dos años sigue sin cumplir "será motivo de revocación de la autorización de actividad de la universidad".