Conde-Pumpido va dejando un rastro de indicios prevaricadores al obstaculizar que la Audiencia de Sevilla presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Constitucional español no es, como el de Luxemburgo, tribunal de justicia. Esta diferencia entre ser o no ser de justicia no es de matiz, porque delimita las atribuciones y el rango de cada uno. Al ser dependiente el Constitucional de un tribunal de justicia, la Unión declara que la separación de los poderes ha de ser plena y que el ejecutivo o el legislativo no pueden invadir la autonomía judicial. En consecuencia, ningún ciudadano, presidente o no de una corte garante, puede quedar al margen de la ley. El Tribunal Supremo español rubrica esta doctrina europea al advertir reiteradamente a los miembros del Constitucional que, por importante que sea su tarea, no gozan de un privilegio de impunidad y quedan bajo el imperio de la ley.
Los indicios de prevaricación del presidente del Tribunal español se manifestaron sin disimulos cuando comenzó a entorpecer a la audiencia sevillana la presentación al TJUE de una cuestión prejudicial para aclarar sus dudas sobre si la resolución del Constitucional se atuvo o no al principio de separación de poderes. Los expresidentes Chaves y Griñán quedaron exentos de culpa sobre el mayor fraude realizado en la España democrática durante su mandato cuando el Constitucional corrigió la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla exigiéndola un nuevo pronunciamiento. La Audiencia ahora reclama que, antes de pronunciarse nuevamente, el TJUE aclare si la exculpación es o no acorde al Derecho Europeo. Para asegurar la plena división de poderes en el espacio judicial europeo, la Unión faculta a todo juzgado a presentar una cuestión prejudicial sin que ninguna otra institución pueda entorpecer su iniciativa. La interposición de la cuestión paraliza el proceso hasta que no resuelva el TJUE la cuestión planteada. En el caso de la Audiencia de Sevilla, si la decisión del órgano de garantías español se extralimitó o no interfiriendo en la autonomía judicial de la Audiencia.
Ahora el presidente del Constitucional obstaculiza la cuestión prejudicial recurriendo a tretas que dificulten su tramitación. El mero hecho de que el presidente obstaculice a la Audiencia un trámite que no está sujeto a condición alguna es ya un indicio prevaricador. Podrá expresar a título propio su contrariedad por la presentación de la cuestión prejudicial, pero pone en evidencia su actitud invasora al interponerse en cuestiones prejudiciales que no puede entorpecer.
En lontananza se prefigura que el Tribunal Supremo emule a la Audiencia sevillana planteando a su vez una cuestión prejudicial por la interpretación extensiva de la ley de amnistía que el gobierno ha prometido a Carles Puigdemont, condenado por el Supremo. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional lleva tiempo preparando una resolución para que la aplicación de la amnistía cubra al prófugo condenado por malversación. Si esto ocurriera, el Gobierno tendría asegurado el porvenir de la legislatura, al menos en lo que corresponde a los imprescindibles siete votos de Junts.
La cuestión prejudicial de la Audiencia sevillana tiene un profundo trasfondo político pues, en la medida en que puede anticipar la emulación del Supremo, puede desalentar a ciertos socios que sostienen a Sánchez. Puigdemont se vería una vez más burlado por el incumplimiento de un compromiso gubernamental. Los fiscales, siguiendo instrucciones de la Fiscalía General, han desaconsejado a la audiencia sevillana que eleve la cuestión al TJUE. Es una interferencia que muestra el sinsabor del gobierno por no satisfacer a Puigdemont. Conde-Pumpido ha encargado a los letrados del Constitucional informes superfluos sobre si la Audiencia es competente para solicitar la cuestión prejudicial. Naturalmente, los letrados han corroborado esa atribución, y precisado que tampoco sería conforme a derecho ningún trámite que obstaculice que llegue a puerto la cuestión planteada.
Como es inverosímil que Conde-Pumpido y los vocales progresistas que le arropan no sepan lo que los letrados les advierten, va de suyo inquietarse por lo que mueva a Conde-Pumpido a dejar en evidencia su prestigio como jurista y su reputación como presidente exponiéndose a prevaricar. Su actitud no es comparable a la de la presidenta del Congreso cuando excluye una ley enmendada por el Senado de la preceptiva discusión en la Cámara. Ambos presidentes supeditan su función institucional al manual de resistencia de Sánchez; pero, si el deber de neutralidad de Armengol es compatible con su pertenencia al partido gubernamental, la imparcialidad debida del presidente del Tribunal Constitucional no puede vincularse, por definición, a ningún partido.
Es obvio que, como Armengol, Conde-Pumpido obedece al imperativo político de asegurar el porvenir de la actual legislatura. Obstaculiza cuanto puede a la Audiencia sevillana y, de seguro, impediría la cuestión prejudicial si pudiera. Por si quedara alguna duda sobre cual es el objetivo de la campaña de desprestigio contra la profesión judicial empeñada por el Gobierno, acosado por las sospechas de corrupción de la familia y tal vez del presidente Sánchez, las decisiones de Conde Pumpido van acumulando pruebas de que no preside un tribunal constitucional, sino un instrumento de auxilio a la legislatura que facilita a los socios parlamentarios sus exigencias a cambio del voto. Cada resolución confirma que su obligación de imparcialidad consiste en facilitar la perduración de un Gobierno cuya debilidad parlamentaria solo puede compensarse favoreciendo los intereses de los grupos de cuyo voto depende su permanencia.
Si, como parece probable, el Supremo eleva una cuestión prejudicial al TJUE, el Gobierno no podrá cumplir sus compromisos con el residente de Waterloo, pero al menos habrá dejado explícito que el Constitucional hizo los esfuerzos a su alcance por complacerle, incluso arriesgándose a una querella. Es posible que Puigdemont se avenga a aceptar que el Gobierno hace lo que puede amañando lo que no puede, y que no puede cambiar de postura mas que forzando nuevos desatinos. Todo apunta a que, si se trata de resistir, los forzará. El horizonte presagia un conflicto de consecuencias imprevisibles entre una Administración de Justicia, cuya función consiste en perseguir la infracción, y un Gobierno más dispuesto a arrastrar al Constitucional a prevaricar que a detener la locomotora, pues, si la detuviera, quedaría más debilitado para defenderse de su propia corrupción. Al cambio de agujas puede acompañar una DANA de fango generalizado. Se comprende que, desde hace tiempo, el Gobierno esté abonando el terreno para enfangar a la Justicia deslegitimándola como institución al servicio de la fachosfera.