España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del Gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) anunció este miércoles que, en su sesión plenaria que celebrará del 2 al 5 de junio, examinará el informe que le reclamó a España para antes del 31 de diciembre de 2024 ante esos incumplimientos (13 parciales y 6 totales), y en función del resultado podría tomar diferentes medidas de presión.
Además, se ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre esos incumplimientos y para que tome "medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ofrecido como trasunto de explicación que las Cortes estaban disueltas y el país estuvo casi un año sin posibilidad de actividad legislativa, cuando el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) realizó el informe.
"Cuando el GRECO realizó el informe no podemos olvidar que estábamos en una época concreta de disolución de las Cortes. Pasamos casi un año sin posibilidad de actividad legislativa, lo cual fue determinante a la hora de materializar a lo que ya nos habíamos comprometido", ha afirmado.
Así, una vez constituidas las Cortes y con un trabajo legislativo "importante" en estos dos últimos años -ha detallado Marlaska- se han materializado 24 de las 30 recomendaciones indicadas.
Entre ellas, el titular de Interior ha destacado la regulación de los grupos de interés o la creación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.