Así figura en un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz -del que publica este viernes un adelanto- sobre las relaciones militares de España e Israel desde el 7 de octubre de 2023, con un listado de todos los contratos adjudicados por el Gobierno español a empresas israelíes, con el detalle de su valor, la fecha de adjudicación y de formalización.
Los diez contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes SILAM (576,4 millones) y los misiles Spike (237,5 millones), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.
El informe del Centre Delàs señala que el Gobierno "ha mantenido la contratación de productos militares a empresas israelíes a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria".
"Mientras que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento y/o modernización de productos adquiridos en el pasado, otras suponen nuevos acuerdos que podrían aumentar la dependencia en cuanto a ese mantenimiento y modernización", resalta el Centre Delàs.
"La estrategia de que la mayor parte de los contratos adjudicados a la industria israelí también implique y beneficie a la industria española facilita a la industria israelí ser adjudicataria de esos contratos y genera una preocupante complicidad entre las empresas de armas españolas y las israelíes", añade la entidad.
En este sentido, el Centre Delàs considera necesario "cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania".
"Los hechos han demostrado -agrega- que el anuncio del Ministerio del Interior de que iba a revocar la adjudicación de un contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil no se correspondía con la realidad. No se había iniciado ningún procedimiento administrativo para llevar a cabo la revocación sino que se habían limitado a analizar si la revocación era posible".
Para el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel que incluyera, entre otras medidas, importaciones y prohibiciones de contratar a empresas israelíes de defensa o a sus filiales "ninguno de estos contratos administrativos se hubiera celebrado".
En la misma línea, alega que si el Gobierno "tuviera voluntad política podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros".