El Gobierno renuncia a la rebaja de gastos notariales dos semanas después de anunciarlo

Una de las medidas a adoptar por el Gobierno para combatir la crisis económica era, a fecha 18 de noviembre, rebajar un 70 por ciento los gastos notariales. Sin embargo, la situación económica que atraviesa el país ha echado para atrás los planes del Gobierno en este sentido y, por ahora, la medida estará en suspenso.

Pese a que ya había sido elaborado un borrador del Real Decreto, preparado por los Ministerios de Economía y Hacienda y Justicia, el Ejecutivo ha comunicado, a través del ministro Mariano Fernández Bermejo, que no se llevará a cabo dada la débil situación económica. Así se lo comunicó ayer a los colectivos de notarios y registradores.

Según el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, la situación económica actual es muy distinta a la del pasado 14 de agosto, cuando el Gobierno aprobó el Acuerdo sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas en el que se incluían un proyecto de Real Decreto sobre la rebaja arancelaria.

Así, "en un escenario económico tan distinto y para no perjudicar a los miles de puestos de trabajo dependientes de las notarías y los registros, se ha decidido suspender la parte del Acuerdo del 14 de agosto referida a la rebaja arancelaria", añade el comunicado de Justicia.

El Ministerio afirma que sí se aprobará la parte relativa a un nuevo modelo de seguridad jurídica preventiva con el objetivo de evitar duplicidades y solapamientos entre las funciones de notarios y registradores, reforzar los mecanismos de supervisión de la actividad de los fedatarios públicos y de los registradores y facilitar la información de los datos registrales y catastrales.

Las protestas de notarios y registradores por la rebaja de aranceles habían sido continuas desde que se anunció la medida. Ayer mismo, la Federación de Asociaciones de Notarios de España (FEDANE), que agrupa a todas las Asociaciones Patronales de Notarios de España, expresó su "malestar" y aseguró que la reducción de aranceles "podría desestabilizar el equilibrio y la paz laboral" de sus despachos, "que dan trabajo a cerca de 40.000 personas, todas ellas de alta cualificación profesional y probada eficacia".