A pesar del desplome del PSOE en las encuestas, de los casos de corrupción que estallan como bombas alrededor de Moncloa, de la minoría absoluta socialista en el Congreso que impide hasta la aprobación de los Presupuestos, de los fiascos por el apagón, los incidentes ferroviarios y tantos otros. A pesar del fracaso absoluto de este Gobierno, Pedro Sánchez se resiste a disolver las Cortes y convocar elecciones. Quiere ganar tiempo para esquivar el irremediable varapalo que ahora se llevaría en las urnas. Quiere sacar votos de debajo de las piedras, por las buenas o por las malas para llegar a 2027 con posibilidades de seguir en La Moncloa. De ahí, su interés en nacionalizar en las embajadas iberoamericanas a los herederos de los exiliados republicanos y la regularización de cientos de miles de inmigrantes.
Pues, como hemos denunciado en El Imparcial, las leyes de Memoria Democrática y de Extranjería, además de resucitar a Franco y recuperar la pantomima de una República ejemplar, puede ser un caladero de votos para dar la vuelta a las encuestas. En primer lugar, porque el control del voto por correo está en manos del Gobierno. Pero, sobre todo, porque las embajadas y consulados “socialistas” tienen instrucciones de Moncloa para nacionalizar a los herederos de los exiliados del franquismo. Tataranietos, sobrinos en segundo o tercer grado y cualquier atisbo de parentesco de un republicano que se fuera a vivir a Argentina o a la Conchinchina.
Con la ley de Extranjería, por otra parte, se multiplicarían y agilizarían las nacionalizaciones de inmigrantes, quienes, además, cobrarían subvenciones para poder vivir “dignamente”. Sin duda, todos ellos devolverían el favor a Pedro Sánchez votando al PSOE por puro agradecimiento y por la cuenta que les trae. De este modo, con el voto de cientos de miles de inmigrantes se frenaría la previsible victoria del PP, que debería ser holgada para llegar al poder pues, en otro caso, al igual que en 2023, se repetiría el Gobierno Frankenstein.
La prueba de todo ello se acaba de conocer con detalle. Según publica el País, “el Gobierno negocia con los grupos parlamentarios un nuevo texto con el que sacar adelante, cuanto antes, la regularización de cientos de miles de inmigrantes. La propuesta supone dar un nuevo impulso a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevaba un año estancada en el Congreso y que aspiraba a conceder permisos de residencia y trabajo hasta a 470.000 personas, según las organizaciones que la promovieron.”
Y así, además del aluvión de supuestos tataranietos de republicanos en el extranjero, casi medio millón de inmigrantes tendrían derecho al voto. La trampa está en marcha. Sólo su minoría absoluta en el Congreso puede impedir que se aplique la ley de extranjería. Para ello, necesita amnistiar de una vez a Puigdemont. Todo es cuestión de tiempo. El tiempo que necesita Sánchez para manipular las elecciones y permanecer en La Moncloa.