Paro y pensiones

Los datos de noviembre confirman lo que todos los analistas venían tiempo anunciando. El número de personas que busca sin éxito empleo roza ya el tercer millón, y nos retrotrae a los años más duros de Felipe González, un nombre siempre asociado al paro. La tasa de desempleo llegó a alcanzar el 25 por ciento y el número superó ampliamente la cifra que ahora hemos vuelto a alcanzar. Las previsiones no son nada buenas y están tan bien formuladas como las que apuntaban a la situación actual, y anuncian un número de parados que rebasará con amplitud los cuatro millones de españoles en paro.

Recientemente animábamos desde estas páginas al Gobierno que se dejara de maquillajes y prestara oídos a los analistas particulares e institucionales, públicos y privados, españoles e internacionales, que piden, todos, que se flexibilice el mercado laboral. Zapatero, que ha descubierto el concierto internacional para hablar de economía y dar lecciones, quizá debiera tener la humildad suficiente como para escucharlas. Especialmente cuando esas lecciones van todas en el mismo sentido y la materia sobre la que recaen es tan principal como el empleo.

Pero, más allá de lo redondo de la cifra, la evolución del paro está unida inextricablemente a la cotización en la Seguridad Social, el fondo común con el que se pagan las pensiones de hoy. Y el dato que el Ministerio de Trabajo ha publicado conjuntamente con el del paro es de lo más preocupante: casi 200.000 cotizantes menos en el sistema. El Gobierno insiste en que la Seguridad Social está más fuerte que nunca por el fondo de reserva, pero no dice que sólo ha acumulado ahorros para nueve meses. Y los males del sistema de reparto, que son universales, se harán más patentes en España a medida que nuestra capacidad de generar empleo se agote.

Gobierno y oposición trabajan en un nuevo Pacto de Toledo que reformulará el cálculo de las pensiones. El resultado será, según los cálculos iniciales, equivalente a una rebaja media de entorno al 30 por ciento de las prestaciones. Es lógico. Un sistema piramidal como es el de las pensiones públicas, y con las tendencias demográficas propias de las sociedades desarrolladas, sólo tiene dos opciones: quebrar o mantenerse a base de cotizaciones crecientes (que son un impuesto sobre el trabajo) y prestaciones decrecientes.

Los años del paro, como se conocerán los por venir, serán especialmente duros para el sistema público de pensiones. El signo positivo del crecimiento llegará, según los cálculos, entre la segunda mitad del 2009 y los albores del año siguiente. Pero no quiere decir ello que el crecimiento recuperado sea muy potente y un mercado laboral tan rígido como el español, necesita de un crecimiento vivo para crear empleo. Ese reajuste habrá de producirse dentro de un gran reajuste del modelo productivo español, que tendrá que optar definitivamente por ser una economía intensiva en capital y menos basada en la mano de obra barata.

Sin embargo, estos años del paro volverán a traer el debate sobre el modelo de pensiones al primer plano. Y entonces tendremos que aceptar la realidad tal cual viene y apostar por un modelo de futuro, como es la capitalización y que, lejos de ser incompatible con el sistema público, podría complementarlo. Esperemos que entonces las fuerzas políticas presten más atención a las necesidades de nuestra sociedad que al cálculo del efecto electoral de tal o cual discurso.