Por muy aberrante que pueda parecer, la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía avala el intento de golpe de Estado perpetrado por Puigdemont y Junqueras el fatídico 1-0. Porque, según el texto de la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán, “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíbe expresa o implícitamente”. La Carta Magna, sin embargo, prohíbe los indultos generales, como el concedido por Pedro Sánchez a los promotores de la asonada, por lo que debería también impedir la aprobación de una ley de amnistía por tratarse de un delito mayor. Pero no es así. Pues era evidente que Conde Pumpido, al servicio exclusivo del presidente del Gobierno, terminaría por ayudar a Sánchez a “legalizar” su maniobra para comprar los votos separatistas a cambio de ser investido. La ponente lo llama “criterios de oportunidad política”.
Pedro Sánchez ha olvidado que en noviembre de 2022 declaró que “el independentismo lo que pide es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que no entra en la legislación ni en la Constitución española” Aunque cambió de opinión un año después, en el debate de investidura, al afirmar que “las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud”, lo que ahora ha denominado la ponente del TC como “criterios de oportunidad política.”
La ponencia del Tribunal Constitucional, en fin, atenta contra el Estado de Derecho, pues vulnera principios constitucionales como el de la unidad de España. Y atenta también contra la separación de poderes y la igualdad de los españoles al amnistiar a los golpistas por “los criterios de oportunidad política” de apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Conde Pumpido cumple, así, escrupulosamente con la principal misión que le encomendó el líder del PSOE al nombrarle presidente del tribunal de garantías: avalar el intento de golpe de Estado del 1-O y la compra de los votos de los separatistas.