No dejan de ser sorprendentes y alarmantes los no escasos comentarios que se han visto y escuchado estos días, críticos para con la actitud de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y benévolos para con el uso de lenguas cooficiales autonómicas en una reunión propia del Estado, en sentido estricto, como, sin duda, lo es la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas.
El sentido común y la más elemental cortesía y consideración para con los demás reclama dirigirnos oralmente a otros en la lengua que ellos pueden entender, máxime si todos los interlocutores tienen una común. Quien obra de otra manera, por las razones que sean, maltrata en realidad a los demás, incluso cuando estos puedan disponer de alguna traducción simultánea, más o menos cómoda, más o menos exacta. Es como decir a los otros: hablo vuestra lengua, pero no quiero que la escuchéis de mí; yo hablo también esta otra, que incluso aprecio como más mía, y, si queréis entenderme, buscaros la forma de lograrlo. ¿Es esto empatía, buen trato a los demás, consideración con los demás? ¿No constituye más bien un gesto impositivo, autoritario, despreciativo? Pues, leyendo o escuchando no pocos comentarios de estos días, incluso los que proceden de un curioso “buenismo” que hace como que trata de hacerse amigos pisando los callos de los que ya lo son, pareciera que los buenos de la película son quienes incurren en esa conducta ineducada y altiva, y el malo o la mala quienes la han denunciado como inaceptable.
Ocurre además que, como algunos recordarán –pues, lamentablemente, van cayendo en el olvido cosas elementales- el art. 3 de la Constitución que nos rige –votada, por cierto, por aplastante mayoría particularmente en Cataluña- declara sin ambages y establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer, mientas que las demás lenguas españolas –esto es, habladas en una u otra parte de España- serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
Es neta la improcedencia de usar una lengua distinta de la española oficial en órganos del Estado como el Congreso de los Diputados, aunque Sánchez haya aceptado imponer lo contrario a costa de todos. Y es neta la improcedencia de usar una lengua distinta de la española oficial en cualquier otro órgano del Estado, como lo es la Conferencia de Presidentes de la Comunidades Autónomas. Si algo significa la “oficialidad” de una lengua es, justamente, que es la obligatoriamente vehicular de la actuación de la organización que la tenga por tal, que, en nuestro caso, es todo el Estado, como organización institucionalizada de la comunidad política nacional española en su conjunto. Y por eso las leyes administrativas y judiciales establecen que las actuaciones de los diversos órganos administrativos –como la Conferencia de Presidentes- y judiciales deben llevarse a cabo en la lengua oficial del Estado.
No puede blandirse y cacarearse la Constitución para lo que interesa e incumplirse paladinamente en lo que, coyuntural o establemente, contraría unos u otros propósitos o intereses políticos. Y es indudablemente incoherente, como mínimo, con la Constitución –si no la viola sin más- admitir que en un órgano del Estado se use otra lengua distinta de la única oficial del Estado e incluso disponer las cosas para que haya en él dispositivos de traducción simultánea para facilitar la comprensión de las que se usen. El catalán, el vasco, el gallego, en sus modalidades actuales o en las otras múltiples de que estas proceden, o cualquiera de las otras que los Estatutos de Autonomía tengan reconocidas, en su caso, como oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas o en parte de ellas, merecen sin duda, el mayor aprecio y respeto, como también, por cierto, afirma el art. 6 de la Constitución, en su apartado 3, pero, si son oficiales, solo los serán en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, no en el Estado, institución común a todos los españoles. No son lenguas cooficiales del Estado, sino cooficiales en las respectivas Comunidades Autónomas. No es admisible cambiar la Constitución –y el sentido común o las reglas más elementales de la educación- por la vía de los hechos, de la imposición fáctica.
Ante la imposición inconstitucional de un Gobierno del Estado, instalado en la fuerza del Poder, quienes la padecen pueden sufrirla estoicamente, quizás pensando que así sirven mejor a propiciar el entendimiento y la paz -o porque no deja de ser más fácil la pasividad, más allá de lo requerido por una virtuosa paciencia-, pero pueden también muy legítimamente mostrar gallardamente su desaprobación y protesta de algún modo suficientemente expresivo, que evidencie su firme rechazo al agravio y a la disolución del justo orden legal y constitucional que el Gobierno está obligado a cumplir y garantizar. El gesto de la Señora Ayuso merece aplauso. No ha sido ella la causante de la tensión que haya podido producirse, sino el Gobierno organizador de la Conferencia. No ha despreciado ni minusvalorado lengua española alguna; ha defendido con decisión simplemente que en los órganos del Estado se cumpla la Constitución –y lo que pide la más elemental cortesía entre quienes hablamos la misma lengua- y se utilice solamente la lengua española oficial del Estado.