Los casos de corrupción crecen como hongos en los salones de La Moncloa. Los tribunales no dan abasto para interrogar y, a menudo, procesar a familiares, ministros o lacayos de Pedro Sánchez. Y el Gobierno siempre responde igual. Con amenazas o insultos a los magistrados que instruyen los casos del estercolero. No hay día sin que algún ministro pisotee la independencia judicial en su intento de aniquilar el Estado de Derecho. Pues, en especial, el Tribunal Supremo y un puñado de magistrados valientes e independientes están poniendo contra las cuerdas el futuro del presidente y de muchos de sus corifeos.
El gran peligro para la democracia se enmascara en esas amenazas sin recato a la Justicia y a su propia independencia. Porque no cabe duda de que el propósito del entero Gobierno sólo busca aniquilar a los togados que tengan la osadía de condenar a los muchos investigados que, por lo general, han cumplido las órdenes del gran jefe o que se han llenado los bolsillos con o sin su consentimiento.
Tampoco se salvan del punto de mira del Gobierno la Guardia Civil y la UCO por haber investigado sin cortapisas los casos que cercan al presidente. De ahí, el furor de las cloacas de Ferraz por encontrar algún tropezón en sus pesquisas o algún resquicio en la honorabilidad de los agentes y poder anular los casos que instruyen los tribunales. Pero en balde.
El Gobierno y su Ejército mediático buscan desesperadamente desautorizar al Poder Judicial para salvar a los implicados en las fechorías que supuestamente han cometido. Se trata de una práctica mafiosa para acabar con la independencia de la Justicia. Se trata de un riesgo para la supervivencia del Estado de Derecho y, por tanto, de la propia democracia. Porque el gran peligro de esta maniobra es que el falso relato de la “fachosfera” judicial esconde el desmantelamiento del propio Poder Judicial mediante nuevas leyes que serían aprobadas por el Consejo de Ministros, naturalmente, sin pasar por el Congreso de los Diputados. Y así, Pedro Sánchez se perpetuaría en el poder como el autócrata totalitario que busca ser.
Pero todavía queda la esperanza de que la Justicia ponga en su sitio y siente en el banquillo de los acusados al presidente del Gobierno. Hay innumerables indicios y hasta pruebas de que Pedro Sánchez está detrás de muchos de los supuestos delitos que se juzgan, como la filtración de los mensajes del novio de Ayuso, “a raíz de indicaciones de la Presidencia del Gobierno”, según afirmó el juez del Supremo. La Justicia tiene que demostrar que todos los caminos de la corrupción conducen a Moncloa. Tiene que acabar con esta Presidencia del Gobierno para salvar la democracia.