En coincidencia con esta protesta, campesinos afines a Morales arribaron también este miércoles a la misma ciudad y ocuparon la plaza principal para exigir que la prefectura (gobernación) regional, en manos de la oposición, atienda sus reivindicaciones sectoriales. El directivo del opositor comité cívico de Tarija Freddy Castrillo expresó a Efe su satisfacción por lo que calificó de "respuesta favorable por parte de toda la población" que, según él, se sumó al paro porque "no es una medida de presión sino de reflexión".
El comité cívico de Tarija, ciudad de unos 200.000 habitantes situada a más de 1.300 kilómetros al sur de La Paz, convocó a la jornada de huelga general en la región en respuesta a "la ilegalidad y la persecución política que el Gobierno ejerce" contra su organización. La huelga rechaza la detención del presidente del comité cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, quien desde el lunes está recluido en un penal de La Paz acusado de participar en un atentado contra un gasoducto en septiembre pasado durante una ola de protestas. "Creemos que todos los ciudadanos han tomado conciencia de que este paro cívico no es por defender personas, es por defender la libertad de los bolivianos y la legalidad", afirmó Castrillo. También en Tarija, grupos de campesinos marcharon sobre la plaza de armas de la ciudad gritando consignas en exigencia de que se transfieran al sector rural parte de los recursos públicos que actualmente administra la prefectura opositora, según mostraron los canales de televisión.
Los campesinos, seguidores del Gobierno, se quejan de que el desigual reparto de recursos entre el campo y la ciudad obliga a migrar hacia la zona urbana para obtener atención sanitaria o acceder a la educación. Así, los habitantes de las comunidades rurales exigen administrar en las provincias sus propios recursos. Por su parte, Castrillo tachó de "fallida" la marcha campesina, que describió como un "accionar político que el Gobierno nacional ha querido ejercer en la capital del departamento pero no ha tenido resultado". "Han pretendido organizar una gran marcha, pero han logrado aglutinar poco más de 1.500 personas", agregó Castrillo, aunque los campesinos afirmaron a medios presentes en el lugar que superaban los 10.000.
"Un crimen de lesa humanidad"
La misión designada por la Unasur que investigó la matanza de 20 campesinos bolivianos en septiembre pasado afirmó este miércoles que se cometió un "crimen de lesa humanidad" y recomendó que los responsables sean juzgados por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades. El coordinador de la misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el argentino Rodolfo Mattarollo, ex subsecretario de Derechos Humanos de su país, planteó esas conclusiones en un informe presentado este miércoles en el Palacio de Gobierno de La Paz.
El documento fue entregado al presidente boliviano, Evo Morales, tiene más de 60 páginas y es fruto de una investigación que comenzó tras los violentos sucesos registrados en la región amazónica de Pando el 11 de septiembre, durante una ola de protestas opositoras. En su discurso, Mattarollo dijo que lo ocurrido en la localidad de Porvenir y lugares aledaños fue una "masacre" y "un crimen de lesa humanidad" que, en su criterio, debe ser juzgado por la vía ordinaria y no en un juicio especial de responsabilidades. La misión expresó su convicción "moral e intelectual" de que el 11 de septiembre "se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la Organización de Naciones Unidas (ONU)".
Sostuvo que en la matanza "fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos", aunque el dato global registrado es de 20 agricultores "asesinados". "Una violación de esta naturaleza configura, desde el punto de vista y el derecho penal internacional en vigor actualmente, un crimen de lesa humanidad", aseguró Mattarollo. La comisión destaca que dos funcionarios de la prefectura de Pando murieron por arma de fuego en la mañana del 11 de septiembre, por lo que pide a las autoridades judiciales de Bolivia "su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente".
Asimismo, concluye que no fueron delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, sino comunes "que deben ser juzgados por la justicia ordinaria". El Gobierno y la Fiscalía acusaron al ex prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, de ser el responsable de la masacre y se encuentra detenido desde septiembre en una cárcel de La Paz. Los abogados de Fernández, que era de unos de los líderes de la oposición autonomista a Morales, han planteado que sea juzgado bajo un régimen especial por su condición de ex autoridad regional, un pedido que respaldó una corte de Chuquisaca. Mattarollo planteó, además, profundizar la investigación sobre "ejecuciones sumarias de niños", "enterramientos clandestinos", "el destino de personas cuyo paradero se desconoce", que fueron denunciados por los habitantes de Pando.
Evo Morales agradeció el trabajo de la comisión y sostuvo que lo ocurrido en esa región fue un "genocidio" contra los pueblos indígenas, al reivindicar las luchas de este sector en Bolivia para tener tierras y territorio. El mandatario agregó que lo ocurrido debe servir para hacer en su país "una profunda reflexión" y promover cambios en la justicia nacional.