Escribió el otro día José Antonio Zarzalejos que “estamos ante la subversión del Estado desde el Gobierno”. Se quedó corto. No solo es un Gobierno subversivo por las causas que lo pringan y que han llegado al gran público, y a la clientela socialista, incrédula o dubitativa hasta ahora, y que, desde ahora, ya no podrá dudar ni descreer. El Gobierno no solo está y estaba contrariando el espíritu constitucional por su modo de proceder, por haber convertido el Congreso en un escenario de trifulcas impidiendo que la oposición pueda cumplir su deber de fiscalización, por convertir las sesiones de control en sesiones de confrontación y de evasión de preguntas con la connivencia de la presidente de la Cámara, por devaluar la competencia del poder legislativo usando un procedimiento excepcional como el Decreto ley, como si fuera el cauce legislativo natural. Además de esa actitud subversiva, contraria al espíritu de la magna ley, el Gobierno hacía tiempo que había incurrido en ilegitimidad jurídica por no cumplir el mandato constitucional de presentar en tiempo los presupuestos a las Cortes. No se trataba de que pudiera o no renovar el anterior, sino de que no puede renovarlo si no lo presenta y, a día de hoy, todavía no lo ha presentado. Su renovación es fraudulenta. Desde hace tiempo nos hallamos ante un gobierno que administra el estado sabiendo que infringe un precepto constitucional. Es ilegítimo antes de que el informe de la OCU mostrara su ilegitimidad en el ejercicio de su función. Otra cosa distinta es la conveniencia táctica de hacer valer esa ilegitimidad ante un Tribunal Constitucional susceptible de toda sospecha, incalificable y capaz de añadir al fraude de los ERE y al de la amnistía otro fraude en su haber de gendarme constitucional. Por tanto, ni jurídica ni fácticamente estamos ante un gobierno legítimo, porque su propia actuación se ha encargado de quebrar su fuente originaria de legitimidad. Lo que, tras recibir el informe de la UCO, añade la respuesta de Sánchez ahora para agravar su situación, es el reconocimiento ante la opinión pública de que carece de crédito jurídico y de que ha perdido todo crédito moral al respaldar el informe que lo pone en entredicho.
Durante varios años el PSOE arrinconó al Partido Popular por no avenirse a sus condiciones para renovar el CGPJ. No había argumento jurídico que obligara a la oposición a aceptar la propuesta y, sin embargo, se la acusaba de inconstitucionalidad por rechazarla. En circunstancias más comprometidas se encuentra ahora el ministro de Justicia. Obligado a refugiarse en su cuartel de invierno ante la tormenta que ha caído, se permite entorpecer el nombramiento de jueces por el Consejo para torpedear el de la Sala Segunda del Supremo. El gran argumento del lawfare ha quedado laminado por el informe de la UCO y por la aceptación in extremis de su idoneidad por Pedro Sánchez. Todo el argumentario del partido socialista ha quedado desahuciado. ¿Cómo creer tras el informe que hay una cacería contra familiares de Sánchez, el Fiscal del Estado y el gobierno, como se ha propagado durante dos años para hacerlo creer a fieles y electores? La presidente del Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse para solicitar respeto a la autonomía judicial mientras, nada menos que el propio ministro de Justicia, injuria a la institución. El todavía ministro Bolaños, insiste en sus dicterios, aunque sus manos se han quemado defendiendo a las más sucias del rebaño e impulsando la tesis del lawfare. La presidente del Tribunal Supremo culminará su función de asegurar los nombramientos sin ceder al chantaje de un ministro cuya credibilidad ronda por los suelos. No se trata solo de que Bolaños haya quemado sus naves, se trata de que toda la institución gubernamental está tan desacreditada que la presidenta no puede arriesgarse a que se interpreten las decisiones del Consejo como una cesión a la presión del Gobierno cuando tiene como función institucional garantizar la autonomía judicial y la responsabilidad de administrarla.
El problema de Sánchez en estos momentos estriba en que ha dilapidado todo su relato ante la opinión y ante su electorado. Sánchez no ha podido afrontar el dilema de tener que optar entre aceptar el informe de la UCO, o rechazarlo y proseguir la escapada persecutoria. Recuérdese que, para los griegos y para nuestro Diccionario académico, el dilema era y es un argumento de dos cuernos: una disyuntiva en la que dos únicas opciones son tan favorables o perjudiciales una como otra. El dilema de Sánchez ha consistido en verse ante rechazar o aceptar el informe. De haber tenido posibilidad de mantener su escapada de cinco días, rechazándolo, lo hubiera hecho, y la UCO figuraría ahora mismo como el ingrediente principal de la campaña de difamación antigubernamental, un monstruo escondido para hacer caer a un gobierno plañidero. Pero la cuestión es que su propia gestión le ha llevado a ser ilegítimo y fraudulento. La contundencia de las pruebas de la UCO es tan demostrativa que la opción de seguir usando la estratagema de una justicia y una policía al servicio del contragolpe resultaba inasumible incluso con su cuidado maquillaje para engatusar al público. Sánchez se ha sentido obligado a validar el informe porque la contrapartida de no hacerlo era todavía más peligrosa que una aceptación que implica la validez de otros informes pendientes de salir y de los juicios actuales que comprometen a su entorno familiar y al fiscal del Estado. Como preguntó Aitor Esteban, ¿por qué aceptó un informe como si tuviera rango de sentencia? Porque no tenía posibilidad de rechazarlo.