La entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE, mientras Pedro Sánchez sigue atrincherado y apoltronado en La Moncloa, supone el golpe definitivo a la vida política del presidente del Gobierno. Las pruebas que guarda el juez del Tribunal Supremo tienen que ser suficientemente graves como para enviar a la UCO a registrar Ferraz, el Ministerio de Transportes y Adif. Ya no vale escudarse en las corrupciones del PP del siglo pasado, ni resucitar a Franco para erigirse en el líder de la internacional progresista. El jefe del Ejecutivo y secretario general de los socialistas no tiene escapatoria. Debería dimitir antes de ser desalojado del poder por sus propios compañeros, por sus militantes y abandonado definitivamente por sus socios de legislatura.
La deriva moral y política de Pedro Sánchez ha excedido todos los límites. Su mujer, su hermano, su fiscal general del Estado y sus dos secretarios de organización del PSOE y compañeros de viaje, entre otros muchos, están ante la Justicia por múltiples y gravísimos casos de corrupción, todavía presunta. Mientras, él sigue escondido en el palacio de La Moncloa y, a estas horas, empeñado en consumar la legislatura. La semana que viene declaran ante el Tribunal Supremo Ábalos y Koldo, que parecen estar dispuestos a tirar de la manta, a confirmar que todos los caminos de la corrupción llevan a La Moncloa.
Pero el histórico registro de la sede socialista por la UCO tras la orden de un juez del Supremo puede ser la guillotina que corte de cuajo su carrera política. Todo apunta a que ha comenzado la cuenta atrás. Que ya estamos en los últimos días de Pedro Sánchez. Sin duda, sería lo mejor para que España salga del atolladero al que nos ha llevado la pamplina del Gobierno progresista. Y sin duda, también sería lo mejor para él. Sencillamente, porque ya no tiene otra salida. Pero nunca hay que descartar que se enroque en su poltrona contra viento y marea. Quizás, quiere morir con las botas puestas.