La tesis de este artículo es bien sencilla: busquemos una salida constitucional a la crisis, entendámonos, no solo una salida que no puede ser inconstitucional, desde luego, sino una salida que debe ser constitucional, porque en la propia Constitución hallamos la mejor clave para resolver correctamente el formidable lío en que nos encontramos. Naturalmente esto solo será posible si los propios sujetos implicados aceptan el marco constitucional, que no solo exige respetar su dimensión normativa sino los supuestos del mismo, quiero decir sus principios y valores que subyacen al texto de la Norma Fundamental. Esto supone aceptar algo muy obvio: no hay democracia sin demócratas, lo que implica la asunción por todos, aunque ahora fijemos preferentemente la atención en los gobernantes, de la ética y aun la estética de la democracia. De modo que no hay una justificación reflexiva del poder, pues este siempre se ejerce por delegación y según competencias concretas a actuar además temporalmente, y en determinadas condiciones modales de transparencia y honorabilidad.
No soy quien para decir si las exigencias de este parámetro de conciencia democrática se han atendido en grado suficiente o no. Me limito a decir que el patrón moral y estético de la democracia está ahí, y que sería de desear que los gobernantes de nuestra democracia, como también los miembros de la oposición, lo tuvieran en cuenta. Los ciudadanos lo agradecerían.
De otro lado, me gustaría señalar que el yugo de Constitución democrática es suave.No hay en el sistema democrático gobiernos imprescindibles o salvadores.Cómo se sabe la referencia intelectual de la democracia aparece ayuna de dogmatismo político . Así la democracia no diferencia cualitativamente unas opciones políticas de otras ni estimula por tanto el fervor en relación con alguna de ellas. Sin duda la democracia reposa sobre un cierto escepticismo y la perspectiva debe ser siempre tentativa, pues el acierto no deja de establecerse de modo provisional, y ,por ello, la expectativa del gobernante no es la permanencia ad eternum en el poder sino la alternancia. Con este soporte queda explicada la desdramatización del relevo en la forma democrática . Como hemos repetido tantas veces no hay enemigos en el sistema constitucional a quienes haya que cerrar para siempre el acceso al poder. Todo lo más contrarios o adversarios. La racionalidad del sistema democrático explica su resistencia. Y esto lo sabemos por experiencia los españoles. Nuestra democracia ha superado pruebas muy fuertes. Se trate del asalto del 23 F, del desafío del Plan de Ibarretxe o la revuelta institucional independentista de Cataluña del 2017. Nada que ver con las angustias presentes.
La crisis actual podría llevar al Presidente del Gobierno a presentar la dimisión, poniéndose en marcha el proceso establecido en el artículo 99 de la Constitución; o a disolver las Cámaras convocando elecciones generales, quedándose entonces encabezando un ejecutivo en funciones, asegurando la dirección del Estado hasta la formación del gobierno que se derivase de la voluntad de los ciudadanos. Nada, por tanto que no este perfectamente previsto en nuestra Constitución y leyes complementarias (me refiero a los reglamentos parlamentarios, Leyes del Gobierno y Ley del Régimen Electoral General)
Pero, como se sabe, la crisis de gobierno podría suceder si el propio Presidente plantease una cuestión de confianza, y la perdiese; o triunfase la moción de censura constructiva que se contempla en los artículos 113 y 114 de la Constitución.
Naturalmente cabría que ni el Presidente del Gobierno ni el Congreso optaran efectivamente por acabar con el ejecutivo y decidiesen continuar con la prolongación de la legislatura. Ello sería perfectamente constitucional, aunque podrían plantearse dudas sobre si, de una parte, la ciudadanía entendería que la Constitución sería respetada más en su mero tenor o pro forma, ignorando su espíritu; y si sobre todo estaríamos ante una prolongación verdaderamente agónica de la legislatura, al quedar en efecto obturada la adopción de verdaderas decisiones de gobierno, aumentándose por contra el enconamiento de una pugna interna en el seno de la propia sociedad española.
La situación española actual demanda un encaramiento valiente de la crisis, que requiere un reforzamiento de la lealtad constitucional de la clase política, comenzando por los gobernantes, que deben resolver el dilema de acuerdo con su propia conciencia cívica, a la altura de las circunstancias y no según una posición política egoísta. No hay, como hemos dicho, ninguna razón para resolver la situación fuera de la Constitución: el camino constitucional es perfectamente seguro: ningún peligro acecha a la democracia, dentro de la que caben todas las fuerzas parlamentarias. Lo que los ciudadanos esperamos es un debate sereno, a ser posible sin insultos , descalificaciones y amenazas, propio de una democracia madura como la española.