Desde hace muchos meses he evitado entrar en el debate sobre si la amnistía es o no constitucional. La muleta sabiamente tendida por Pedro Sánchez ha engañado a muchos, que la han embestido con entusiasmo. Pero no era esa la cuestión. No se trata de dilucidar la constitucionalidad de una ley de amnistía que para la mayoría de los expertos constitucionalistas, por cierto, no tiene cabida en nuestra Carta Magna. Se trata de desvelar el fondo político de la maniobra
Pedro Sánchez necesitaba para su investidura, y necesita para sacar adelante cualquier proyecto parlamentario, los siete escaños que Carlos Puigdemont, el prófugo golpista, controla en el Congreso de los Diputados: Y do ut des: yo te ofrezco sacar adelante una ley de amnistía que te coloque a ti y a los tuyos en la calle, y a cambio tú me proporcionas tus siete votos parlamentarios. Así de sencillo. Sin más implicaciones. El Tribunal Constitucional, controlado por Pedro Sánchez, ha avalado la ley de amnistía, si bien el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación no está contemplado en su texto y, por consiguiente, el prófugo golpista Puigdemont todavía no podrá regresar a España.
Los alfiles que en los periódicos impresos, hablados y audiovisuales trabajan en favor de Pedro Sánchez se han lanzado en tromba a debatir si la amnistía es o no constitucional. Se trata de una bien meditada celada. El problema no está ahí. El problema para el sanchismo es que ha instrumentado una jugarreta pura y dura de compra de siete escaños a cambio de poner en vigor una ley de amnistía, justificándola como necesidad para resolver la acritud que hiere a todos en Cataluña. Pedro Sánchez es hoy presidente del Gobierno español gracias a que ha puesto a los pies de Carlos Puigdemont una ley a cambio de sus siete escaños en el Congreso de los Diputados. Un socialista, especialmente destacado, Emiliano García-Page, ha coincidido con Felipe González al declarar: “El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía es bochornoso”.