Por primera vez, una mayoría de jueces y fiscales se va a declarar en huelga durante 3 días. Están hartos de los insultos del Gobierno, hartos de ser atacados por investigar a quienes consideran que han podido cometer delitos como la mujer del presidente, su hermano, su fiscal general y, de momento, el trío de tenores socialistas que supuestamente se han llenado los bolsillos con el dinero de los españoles. Y aún más hartos de la reforma legal que prepara el Ejecutivo para impedir que la instrucción de estos casos siga adelante, mientras cuelan en la Judicatura a nuevos jueces sin oposición y elegidos con el dedo sanchista. Una reforma legal que liquidará definitivamente la relativa independencia judicial que queda después de que Sánchez asaltara el Tribunal Constitucional con Conde Pumpido a la cabeza y los 6 magistrados que se hacen llamar progresistas, pero actúan como meros lacayos del presidente.
Como preámbulo de la huelga, miles de jueces y fiscales se concentraron este sábado a las puertas del Tribunal Supremo para protestar por la reforma legislativa del Gobierno bajo el lema “Sin Estado de Derecho no hay democracia”, mientras ondeaban pancartas con el mensaje, “Viva la UCO”. Entienden los manifestantes que este proyecto legal “rebajará la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".
Critican también el intento de crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, "con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país". Además, se convertirá a mil jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales cuando acumulen cinco años de experiencia, “violentando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".
Y es que, el Gobierno acelera su intento de tomar al asalto los tribunales ante la avalancha de casos de corrupción que pudre la legislatura y atenaza a Pedro Sánchez. No lo tiene fácil el presidente, pues su minoría parlamentaria le impediría aprobar en el Congreso la reforma. Pero Puigdemont y Junqueras ya han puesto precio a la nueva venta de sus votos. Los separatistas quieren que se convoque formalmente la celebración de un referéndum de autodeterminación y aplicar inmediatamente la independencia fiscal para Cataluña, eufemísticamente llamada la “singularidad fiscal.” Y en esos enjuagues está el presidente del Gobierno. La inconstitucionalidad del referéndum se resuelve con los manejos de Conde Pumpido, mientras la independencia fiscal comenzará a negociarse el próximo 14 de julio en una reunión entre el Gobierno y la Generalidad. Y de este modo, Sánchez mata dos pájaros de un tiro: se asegura el apoyo de Junts y ERC para el resto de la legislatura y sustituye a los jueces que instruyen las causas contra su entorno familiar y político. Aunque no debe obviar que las pancartas que sostenían los jueces y fiscales en su protesta contenían un recado envenenado:”Viva la UCO”.