Según ha explicado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo, la subida tiene efectos retroactivos y afecta a 3 millones de trabajadores.
El incremento, ha apuntado Hacienda en una nota, se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y se materializará en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a través de una paga de atrasos.
Este pago adicional, añaden, incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual y el 0,5% será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente, tal y como ha ocurrido en todas las subidas previas. "El Gobierno da por cumplido lo acordado con los sindicatos UGT y CCOO", ha incidido Alegría, que ha destacado la defensa del Gobierno de los servicios públicos.
Este incremento era la última parte pendiente del acuerdo marco sellado con UGT y CCOO para 2022, 2023 y 2024.
El sueldo de los funcionarios subió un 3,5% en 2022 y otro 3,5% en 2023, en tanto que en 2024 lo hizo un 2%, tasa a la que ahora se sumará este 0,5% adicional que corrige la variación del IPC en los últimos tres años (2022, 2023 y 2024).
En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han valorado que se haya aprobado la revalorización del 0,5%, pero han recriminado al Gobierno "la tardanza e insuficiencia". Ambas organizaciones han recordado al Ejecutivo que el abono de esta cuantía llega con 18 meses de retraso.
También señalan que aún quedan aspectos pendientes como la jubilación parcial, la jornada de 35 horas, la clasificación profesional o la mejora de las retribuciones de 2025.
Por su parte, CSIF ha exigido la convocatoria urgente de la mesa de negociación "para negociar un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar la subida de este año y cerrar ya la oferta de empleo público de este año, sin tasa de reposición".