Más de 3.000 bodas al año entre personas del mismo sexo se han producido en España durante las dos décadas que han pasado desde que se aprobó la legalidad de un tipo de matrimonio que escandalizó a muchos.
Está claro que la cifra es lo suficientemente alta para aceptar la conveniencia de su regulación, así como el derecho que asiste a los que propugnaban para consagrar su amor y crear familia, una fórmula ajena durante siglos a la Europa cristiana.
Parece lógico que la Monarquía de todos, la que defendió Don Juan desde el exilio contra el dictador Franco, acoja lo que la evolución de los años y las costumbres ha impuesto en la sociedad. Es necesario posponer, claro está, las declaraciones histéricas y agresivas. Se respeta el derecho de los matrimonios homosexuales, sin menoscabar el de la mayoría que continúa articulada por los religiosos o civiles entre hombre y mujer. La característica más definitiva de una auténtica democracia es el respeto a las minorías. El reconocimiento de los derechos de los matrimonios homosexuales no debe ser cuestionado, pero tampoco se pueden desdeñar o marginar las bodas entre heterosexuales, religiosas y civiles, ni tampoco el de las parejas de hecho. Estas últimas son las que más crecen, conforme a las estadísticas, y probablemente se hará imprescindible una nueva ley que las regule, estableciendo los derechos, tanto los de la mujer como los del hombre.
En medio de la feroz tensión política que España padece desde hace unos meses, conviene recalar serenamente en cuestiones sociales de compleja resolución, en las que España ha sido pionera y que exigen juicios tranquilos, opiniones varias y respeto generalizado. ¿Quién, por cierto, habla de la Monarquía como una fórmula anticuada? Los tres primeros países en reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo han sido tres Monarquías europeas.