Empecemos por despejar algunas nociones elementales en lo que respecta a las prácticas constitucionales en las democracias liberales y parlamentarias en países de nuestro entorno: 1) aunque podría hacerlo, Sánchez no tiene porqué convocar elecciones; 2) es inexcusable, sin embargo, que presente su dimisión, en vista de los gravísimos casos de corrupción que implican a su partido y, sobre todo, a su gobierno, puesto que los expedientes de obra pública se tramitan en los correspondientes ministerios, que no en Ferraz…por ahora. El pretexto de ignorancia, lejos de eximir, agrava la responsabilidad –al menos, la responsabilidad política- que es ineludible, y la dimisión la única manera de afrontarla. Otro problema, es que en España, a lo que parece, tengamos muchos problemas en distinguir lo que son responsabilidades políticas de las penales. Como nos ha señalado, para nuestro sonrojo, un diputado sueco en el Parlamento Europeo: en mi país, algo similar a lo ocurrido en España, hubiera implicado la inmediata dimisión del Presidente.
No obstante, para evitar distraernos del punto principal, apartemos de nuestro análisis lo más descarnado de estos escándalos de corrupción, aunque, a la postre, puedan conllevar la caída del Gobierno. A salvedad de la coreografía más bochornosa, chabacana y pornográfica (que sí es central al nervio programático de un partido que enarbola enseñas feministas), apartemos de nuestro razonamiento, incluso la trama corrupta de concesiones trucadas para desviar presupuesto público a favor de determinadas empresas, incluidas la fracción correspondiente a las “mordidas”. Aunque sólo fuera porque, desgraciadamente, esas son prácticas que poco nos sirven para diferenciar lo ocurrido en el PSOE: sin necesidad del primitivo argumento del “y tu más”, sabemos que tales artimañas existieron con el Tesorero del Partido Popular y hasta con “la Madre Superiora” de CIU, en una medida no menor. Corruptelas intolerables, pero siempre revoloteando alrededor del problema de la financiación de los partidos, reguladas en España por una normativa hipócrita, más pensada en términos de Santo Tomás que de Adam Smith; una legislación sobre cuyas nefastas consecuencias ya nos previno hace muchos años Pilar del Castillo en un excelente estudio comparativo
Sea como quiera, el hecho que hace a este razonamiento es que la corrupción no arroja un especial haz de luz que nos pueda guiar en el tortuoso laberinto sanchista. Incluso, la salida más elemental e inexcusable, la dimisión del Presidente, sería una medida higiénica de asumir ineludibles responsabilidades, a mayor fortaleza de la institucionalidad democrática, pero no es una explicación de la carcoma que corroe al PSOE, desde que a Zapatero (ese personaje elemental al servicio de una narco-dictadura siniestra, mantenida con respiración asistida por petrodólares ilegales) se le ocurrió la piedra electoral que podía cerrar un nuevo arco del Tinell. La idea (que ahora Calígula ha rebautizado apropiadamente como “muro”) consiste cambiar de socio constituyente, expulsando al centro-derecha como recambio alternante, para armar una mayoría en el Congreso con pequeños grupos nacional-populistas y comunistas. Una mayoría, eso sí, contra natura de los principios socialistas más centrales de igualdad e internacionalismo. Una mayoría, empero, fuera del alcance –de ahí su magia electoral- del liberalismo español, atrapado desde Prim a Aznar, pasando por Maura y Azaña, en la idea de la soberanía nacional (española).
Precisamente, lo contrario, la erosión de ese principio de soberanía nacional, (que aparece por primera vez en el artículo 3ºde la Constitución de 1812, para repetirse desde entonces en todas las constituciones españolas de aliento democrático, hasta la presente de 1978), es la sutura con que nuestro Boris Karloff ha enhebrado la heterogénea y contradictoria mayoría, (tildada de “progresista”, como cosmético barniz electoral, en contraste con las supuestas cavernas del centro-derecha). El objetivo final de la retorcida, pero ambiciosa, operación consiste en la construcción de una España plurinacional, articulando una suerte de confederación, [in]vertebrada por el derecho de autodeterminación de cada una de sus partes. Sin embargo, sustituir el obrerismo internacionalista por el tribalismo nacionalista e identitario, en suma, la igualdad por el privilegio, no es una pirueta intelectual sencilla. Para los socialistas, una cosa es aceptar el derecho a la diferencia (cultural) y otra muy distinta tragar con la diferencia de derechos entre ciudadanos y territorios. Ese precipicio intelectual resulta insalvable; al menos, desde una perspectiva filosófica socialista, en cualquiera de sus denominaciones: radicalmente enfrentadas, como es sabido, en algunos puntos cruciales, acordes, empero, en su rechazo del nacionalismo. De esta suerte, se encontrarán pocas páginas más corrosivas contra el nacionalismo que las escritas por Marx y Engels, sin que los padres filosóficos de la social-democracia, como Leonard Bernstein, se separen de esta línea. Al punto, que, en algún caso notorio, como el de Jean Jaurés, su pública condena de la horrible pesadilla del nacionalismo belicista le costó la vida a manos de un fanático nacionalista francés.
La excepción más notoria a esta línea anti-nacionalista dentro del pensamiento social-comunista la encontramos en Lenin. Una excepción importante por su transcendencia y repercusión entre los movimientos nacionalistas anti-coloniales posteriores a la II Guerra. Porque con Vladimir Illich Uliánov se inicia en el movimiento comunista una deriva anti-marxista que salta de un partido de masas, a otro de cuadros de especialistas, o révolutionaires de métier; de la huelga general de clase, a la conquista militar del poder; de obreros industriales en países desarrollados, a campesinos tercermundistas. Lenin era, sobre todo, un táctico genial que tuvo la visión de utilizar la “cuestión nacional” (1913) como ganzúa que desmontara el inmenso y multiétnico imperio de los Zares. Desde ese punto de vista –y aun cuando despertara, con sólido fundamento teórico, la oposición cerrada de Rosa de Luxemburgo, en virtud del internacionalismo obrero (1909 y 1914)- el tacticismo nacionalista de Lenin era una idea de innegable astucia. Por más que, enseguida –como nos recordaba hace poco Felipe González- ya se encargaría Stalin de auto-determinarlos a todos, bajo los grilletes de un sistema totalitario implacable, en que la terrible Ojrana zarista (aún devaluando la truculenta versión novelada por Victor Serge) apareció como un dispositivo policial benevolente en comparación a la Cheka soviética. El caso es que, desde que los investigadores suizos desvelaron la masacre soviética (de oficiales polacos) en las fosas de Katyn (una suerte de Paracuellos de grandes dimensiones) y el golpe comunista en Praga en 1948, el divorcio entre social-demócratas y comunistas se hizo insalvable.
Por eso, será inútil encontrar en la Europa de posguerra, hasta el presente español, gobiernos socialistas en coalición con comunistas y nacional-populistas: un privilegio que le ha sido reservado a las interesadas ocurrencias caribeñas de Zapatero (moduladas recientemente por un curioso interés en la sinología) y a la megalomanía de Pedro Sánchez. Tiene razón el Presidente de este periódico: si Felipe González hubiera caído en tan heterodoxa tentación (heterodoxa, desde un punto de vista social-demócrata, se entiende), la alternancia de 1996 hubiera sido imposible. Dejando a un lado la realidad del poder –que es lo principal- la “virtud” de esa “necesidad” se supone que ha consistido, según la propaganda gubernamental, en la domesticación del nacionalismo catalán: una utopía interesada que creo haber desmontado en estas mismas páginas hace más de dos años.
Veamos. Ante la violencia nacionalista contra la Constitución (consagrada hoy por la sentencia del Tribunal Constitucional), el Sr. Sánchez tenía dos opciones históricamente muy conocidas; la contención, que fue la estrategia escogida por Truman frente a la agresión soviética, tras el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia en 1948 (y luego, desarrollada por Kennedy, en Cuba, 1963); o bien, el apaciguamiento por concesión, que fue la política elegida por Neville Chamberlain y Éduard Daladier, ante la violación del Tratado de Versalles por Hitler, (ocupando Renania en 1936 y anexionándose Austria al año siguiente). Churchill crucificó en el Parlamento esa estrategia apaciguadora: se os ha dado a elegir -le espetó al Gobierno Chamberlain- entre la guerra y el deshonor; habéis elegido el deshonor, y también tendréis la guerra.
En este punto, no perdamos la perspectiva del razonamiento, adelantando un holocausto que entonces (1938) no se conocía: la criminalidad (nazi), no fue lo central del argumento de Churchill, en relación a la estrategia de apaciguamiento entre 1936 y 1938. Su oposición estaba basada en una constatación de las características insaciables del nacionalismo identitario, etnicista, radical y extremista, y en una reflexión en torno a la naturaleza humana. Un Churchill -entonces marginado y denostado como un belicista- pensaba que, frente a movimientos nacionalistas radicales, dispuestos a transgredir acuerdos, tratados, leyes y constituciones, la política de remunerar desafueros con una dieta de concesiones, sin nada a cambio, estimulaba el apetito del cocodrilo, en lugar de saciarlo. En suma: remunerar conductas socialmente agresivas y transgresoras no las inhibe; al contrario, las estimula.
En nuestro caso, que nadie se engañe. Se ha cedido casi todo a cambio…de nada, de nada concreto. A cambio de paz, se nos dirá: ¿pero qué necesidad tendrán los nacionalistas de carreras, sofocos y quemas de contenedores, si monseñor Illa les financia embajadas y les monta un cuerpo diplomático catalán? Lo único concreto, es que los nacionalistas nos aseguran que no van a parar ni se van a conformar: al contrario, no renuncian a la unilateralidad [y] lo volverán a intentar. No veo razones para dudarlo. Y, desde su punto de vista, tienen razón, en la medida que, lo que unos les proponen como acuerdos, ellos lo declinan como etapas. ¿Las próximas etapas? Ya las conocemos. Es un secreto a voces: un sistema fiscal singular para Cataluña (y léase literalmente, para territorios, que no en base a ciudadanos libres e iguales; es decir, una fiscalidad desigual); y, enseguida, un referéndum sobre la autodeterminación para uno, o algunos territorios, que llamarán “consultivo”, pero… sólo si lo pierden.
En todo caso, y a esta altura del razonamiento, bien podemos recoger la pintoresca respuesta de Sánchez en el Congreso, de modo tal que, si la corrupción es la anécdota, la resurrección del Tinell (léase, “muro”) sería la categoría, en forma de un pacto contra natura (natura socialista, se entiende) entre el sanchismo y ese Frankestein nacional-populista con argamasa comunista: una categoría imposible para un proyecto social-demócrata. Una categoría que triturará al PSOE. Ya lo está haciendo: como en el verso de Lucano, el dedo del autócrata ha convertido al socialismo español en un partido de cuadros, dóciles rumiantes que ven pasar los escándalos como los bovinos el tren, prietas las filas, siempre en posición de saludo, al menor gesto militar del sátrapa, aunque indiferentes a su creciente anemia electoral. Así pues, un gobierno con comunistas y nacional-populistas, desde un punto de vista social-demócrata, no tiene nada de “virtuoso”, de modo tal que, del dicho al que repetidamente se ha agarrado Sánchez, ya no queda más que la “necesidad”…la de mantenerse cómo sea en el poder.
¿A qué costo? Ya lo venimos averiguando por vía empírica: al costo de llevarse por delante la democracia española, en su versión liberal-parlamentaria. Nuestro Calígula ibérico, presa de una neurosis megalomaníaca insaciable, padece un ataque irrefrenable de ejecutivitis invasoris que está erosionando los controles y equilibrios de las instituciones independientes que son propias e imprescindibles en lo que conocemos como democracias parlamentarias. Que nadie se engañe: la colonización de una justicia independiente, inyectando miles de jueces y fiscales a dedo y sin oposición, nos devuelve a tiempos primitivos, anteriores al decreto Dato de 1902, que precisamente buscaba evitar el nombramiento político de jueces interinos y sin oposición, culminando una cruzada jurídica a favor de un solo cuerpo de jueces por oposición, sin interinos ni turnos; una cruzada por la independencia judicial iniciada de forma balbuceante e incipiente con el artículo 94 de la Constitución (progresista) de 1869 (José Ramón Parada Vázquez), y apoyada por Salmerón y Montero Ríos, (difícilmente etiquetables como fachas, incluso avant la letre). Es decir, lo que ahora tratan los autócratas de nuestro tiempo con la pócima Bolaños es devolvernos al mundo de hace siglo y medio largo; a un mundo en que los caciques locales imponían una justicia sesgada a favor de sus “amigos políticos” y en contra de “los enemigos”. Ya puede figurarse el lector de este ensayito que, a los jueces –sin duda la parte más sensible del siniestro proyecto autocrático- seguirán otros cuerpos del Estado, del mismo modo que, al olvido del decreto Dato, seguirá la abolición de facto de la ley de Función Pública de Maura de 1918, primera piedra angular de un funcionariado de carrera competente e independiente. Pero, eso, quizá merezca otro artículo.